La UE saca a Costa Rica, Suiza y Emiratos de sus listas de paraísos fiscales

Mientras que Emiratos ha cumplido con todas las exigencias de la UE y queda fuera de todos los repertorios comunitarios, las Islas Marshall pasarán a la denominada lista gris, en la que se encuentran los países que aún deben realizar cambios. En concreto, la UE vigilará si el país insular cumple con los requisitos internacionales en materia de transparencia e intercambio de información fiscal.

De esta lista gris, por otra parte, salen Suiza, Costa Rica, Albania, Serbia y las Islas Mauricio, que «han implementado antes de los plazos fijados todas las reformas necesarias para cumplir con los criterios de buena gobernanza fiscal. Suiza ha abolido los cinco regímenes fiscales que la UE consideraba perjudiciales.

Tras los cambios adoptados, en la lista negra quedan nueve jurisdicciones -Samoa Americana, Belice, Fiyi, Guam, Omán, Samoa, Trinidad y Tobago, las Islas Vírgenes de Estados Unidos y Vanuatu-, mientras que en la gris hay todavía 33.

La UE también ha evaluado si algunas jurisdicciones que no aparecen en ninguna de las listas cumplían ciertos criterios de transparencia, después de que expirase el plazo excepcional que les había dado para respetarlos. Los Veintiocho consideran que todos han cumplido, incluido Estados Unidos.

«El Consejo ha acordado que su red de acuerdos de intercambio de información es suficientemente amplio para cubrir a todos los Estados miembros, permitiendo efectivamente el intercambio de información bajo demanda y el intercambio automático de información en línea con estándares internacionales y las necesidades de ambas partes«, señalaron los ministros en un comunicado.

La UE puso en marcha en diciembre de 2017 su primera lista negra de paraísos fiscales, que evalúa si terceros países cumplen unos requisitos mínimos de transparencia, justicia fiscal y respeto a las normas internacionales para evitar el traslado de beneficios y la erosión de la base imponible. Los países revisan la situación periódicamente y actualizan el registro, que ha recibido críticas por no imponer sanciones a los países que terminan en la lista negra y por no aplicarse también a los Estados miembros de la UE.