Las empresas tendrán tres meses para reabrir los convenios para proteger al colectivo LGTBI
El Gobierno aprueba la nueva norma que obligará a las compañías de más de 50 trabajadores a tener un protocolo frente al acoso y la violencia contra este colectivo
«Desde hoy todas las empresas de nuestro país tienen que reabrir todos sus convenios colectivos, en un plazo de tres meses, para negociar las ... condiciones que garanticen la igualdad de las personas LGTBI+ en las empresas, sin estereotipos, sin sesgos, sin discriminaciones, sin acceso a presiones, para que puedan ser libres e iguales». La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, presumió en rueda de prensa del nuevo reglamento que desarrolla las medidas para garantizar la igualdad de las personas LGTBI y trans que este martes aprobó el Consejo de Ministros, cuatro meses después de exhibir el acuerdo alcanzado con los sindicatos y la patronal.
«Esto no se ha hecho nunca. Somos absolutamente un país a la vanguardia en los derechos de las personas LGTBI, no solo en Europa, sino en el mundo», celebró la ministra de Trabajo, que incidió también en que las personas que formen parte de los procesos de selección de los trabajadores tienen que tener «una formación específica» en esta materia y todas las empresas dispondrán de un plan de acoso al colectivo. «Vamos a tener discriminación positiva para todas las políticas y acompañarlos de todos los permisos que necesiten estas personas», reiteró Díaz, que destacó que habrá también un plan de acompañamiento para las personas trans que desarrollarán «desde ya mismo».
Estas nuevas medidas, que serán de plena obligación para las empresas de más de 50 trabajadores, deberán comenzar a negociarse, con carácter general, dentro de los tres meses siguientes a la entrada en vigor de esta norma y en un plazo de seis meses en el caso de aquellas compañías que no dispongan de un convenio colectivo. También se aplicarán estas medidas a los trabajadores cedidos por las empresas de trabajo temporal durante los periodos de prestación de los servicios. Las partes tendrán la libertad para pactar el contenido de las medidas a partir del mínimo establecido en la nueva ley.
Fuerte discriminación
Asimismo, Díaz explicó que la norma lleva «la democracia a las empresas» y acaba con «una de las formas más agresivas de discriminación» en España. En este sentido, señaló que cuatro de cada diez personas trans son expulsadas del mercado de trabajo en los procesos de selección y que, en España, más del 42% de las personas LGTBI «son discriminadas sin rubor».
Además, recordó que la negociación con sindicatos y patronal fue «compleja», ya que la mesa de diálogo social duró más de seis meses la mesa de diálogo social. Finalmente, la vicepresidenta aplaudió el «tiempo récord» en el que se ha tramitado la norma. «Hace escasamente diez días hemos recibido el informe del Consejo de Estado, lo digo por publicaciones que he observado. Créanme que nunca en diez días se ha tramitado una norma como esta», subrayó.
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