Talgo convoca a su junta de accionistas para cerrar el aterrizaje de Jainaga y el consorcio vasco

Es el último paso antes de que se materialice el aterrizaje en el fabricante de trenes del grupo en el que Gobierno vasco y fundaciones BBK y Vital acompañan al industrial y que traerá la sede de Talgo de nuevo a Euskadi. La convocatoria, así como el orden del día, se publica este miércoles en el Boletín Oficial del Estado y se ha comunicado como hecho relevante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El 'pool' bancario formado por una veintena de entidades, del que, como informó este medio, se descolgó Bankinter, pone encima de la mesa un esquema de financiación que soporta no solo la deuda de más de 460 millones de la empresa, sino varias líneas de avales asociadas a los pedidos. En total son 770 millones, que evidencian el ahogo financiero de Talgo, a pesar de contar con una prometedora cartera de pedidos de más de 4.000 millones.

Prima del 42% sobre la cotización

La banca exigió para esta refinanciación que Talgo inyectara 150 millones de capital en su balance. Y esa operación es la que requiere el visto bueno de la junta de accionistas de Talgo. Este dinero entrará por varias líneas. La primera de ellas es una emisión de nuevas acciones para que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) adquiera el 7,8% de la compañía con 45 millones y pagando 4,2 euros por acción. El mismo precio que paga el consorcio vasco y un 42% más que los 2,98 a los que cotiza el título en el arranque de la Bolsa de este miércoles.

Además, el organismo público abonará otros 30 millones mediante un préstamo convertible en acciones. Desde Euskadi se aportarán los otros 75 millones para hacer los 150 millones exigidos por los bancos. Ekarpen, un fondo público-privado vasco liderado por Gobierno vasco y Kutxabank, aportará un crédito convertible también en acciones por 50 millones y los otros 25 millones se financiarán entre los miembros del consorcio.

Tanto la emisión de acciones nuevas para la Sepi como los créditos convertibles en títulos de la empresa, al afectar a la composición de la propiedad requieren de la aprobación de la junta de accionistas, que deberá ratificar las medidas en la votación de ese 12 de diciembre.

La propiedad de Talgo quedará así repartida entre cuatro propietarios con en torno a un 8% de acciones cada uno y la mitad con carácter público. La Sepi tendrá ese 7,8%, un porcentaje similar al que se reparten los socios del consorcio vasco. El 29,7% adquirido por 156 millones queda repartido así: Jainaga, Gobierno vasco y BBK, que aportan 45 millones cada uno, tendrán un 8,5% del capital de Talgo respectivamente. Y Vital, que abona 22,4 millones, tendrá un 4,24%.

La Sepi ya ha trasladado su intención de hacer valer su posición en la titularidad de la empresa con un asiento en el consejo de administración. Un movimiento que, posiblemente, obligará a Gobierno vasco a plantear lo mismo arrastrando así también a BBK. Es algo que rompe los planes de Jainaga, que apostaba por dibujar un órgano de gobierno de la empresa muy reducido y con mucha agilidad. En esa línea, el Ejecutivo autonómico había mostrado su disponibilidad a renunciar a la presencia en el consejo.

Una vez ratificadas estas medidas en la junta de accionistas y tras la formalización de la transacción, Jainaga tomará el poder de la compañía. Quedará por ver entonces el papel del presidente, Carlos de Palacio, que había mostrado su intención de continuar. Más difícil es el caso del consejero delegado, Gonzalo Urquijo, que será cesado con toda seguridad para ubicar al frente del proyecto a un directivo de la confianza de Jainaga. En la junta convocada para el 12 de diciembre, uno de los puntos del orden del día reduce el número de componentes del consejo de administración de Talgo a ocho miembros.

El cierre de la operación ha coincidido con la investigación abierta en la Audiencia Nacional al presidente de Sidenor y dos de sus directivos por la venta de acero a una empresa de armamento del Gobierno de Israel. El juez Francisco de Jorge tomará declaración este miércoles a Jainaga y los otros dos responsables de la empresa por la venta de un acero que considera de doble uso (civil y militar) y que debería haberse informado a la Administración del Estado.

El magistrado le imputa por no haber realizado ese trámite generando una posible comisión de delito de contrabando y una presunta cooperación en delitos de lesa humanidad y genocidio. Las acusaciones han irrumpido en la fase decisiva de la operación Talgo. Jainaga ha asegurado que dará todas las explicaciones, pero ha pedido esperar primero a su declaración ante el juez.