La semana que convulsionó a la compañía tecnológica

El reguero de acontecimientos desde entonces derivó este martes en otra dimisión. Una deserción más en el consejo. Es la de Ignacio Martín, que dejará su asiento en octubre, una vez culmine el proceso de renovación de los integrantes del órgano de dirección. El anuncio llega después de que el Gobierno -vía SEPI- haya consumado su toma de control de la compañía.

Esa junta de accionistas dejó en evidencia el enfrentamiento con los consejeros independientes y el deseo del Ejecutivo hacerlo a toda costa. Para ello se alió con el fondo de inversión Amber Capital y la empresa vasca Sapa, al objeto de cesar a varios consejeros independientes, incorporar al órgano de gobierno a Jokin Aperribay -presidente de la Real Sociedad y miembro de la familia propietaria de Sapa- y desequilibrar así el esquema de poder que existía hasta ese momento.

El trasfondo económico de todos estos movimientos se encuentra en el deseo del Estado -en este caso Moncloa- y de los accionistas con los que se alió, para ampliar la dedicación de Indra a la industria de defensa y en particular entrar en el capital de la empresa vasca ITP, que va a ser vendida por sus actuales propietarios Rolls Royce. Más aún en un contexto de necesidad de incrementar los presupuestos militares, tal y como están tratando precisamente estos días los líderes de la OTAN en su cumbre en Madrid.

«Si su deseo es doblarnos el brazo, no cuenten conmigo», aseguró el vicepresidente de la compañía, el independiente Enrique Leyva, en una intervención en esa junta. Lo hizo después de haberse evidenciado que hay un pacto entre el Gobierno, el fondo de inversión Amber y Sapa para remodelar el consejo de administración. Minutos antes, otro consejero independiente, Alberto Terol, que ya había anunciado días atrás su decisión de dimitir, lanzó duras acusaciones contra la toma de control de la compañía por parte de la SEPI. También salían la semana pasada las consejeras Carmen Aquerreta y Ana de Pro.

La fórmula utilizada por el Ejecutivo para cumplir su objetivo fue la de forzar el cese masivo de consejeros independientes. Lo consiguió con diversos pactos entre los que se encontraba el de Amber Capital, el que es máximo accionista del Grupo Prisa, que irrumpió en el accionariado de la tecnológica con un 4,1% del capital. De esta forma convertía al presidente de dicho grupo de comunicación, Joseph Oughourlian, en el cuarto máximo accionista de la compañía tecnológica a una semana de su junta de accionistas.

La operación puede tener consecuencias negativas en torno a la valoración que hagan los fondos de inversión internacionales porque supone un ataque directo a las normas de gobierno corporativo. Es decir, se ha puesto en duda la propia gobernanza de la compañía con la intervención liderada por el propio Estado. Sus acciones subían este martes un 1%.

Pero el conflicto viene de lejos. El Ejecutivo hacía tiempo que buscaban una toma de control de Indra para poner esta empresa cotizada al servicio de los intereses del Estado en materia de defensa. Entre los numerosos desencuentros de los consejeros independientes con el Gobierno había estado la decisión de impedir que tuviese poderes ejecutivos el presidente, Marc Murtra, designado en su día por SEPI. También la oposición a entrar en el capital de ITP, ya que aunque el 75% va a ser de Bain, quedaba libre de asignación de otro 30%.

El mes de mayo de 2021 fue crucial para entender todo este proceso. Entonces se desató una guerra entre la SEPI y los consejeros independientes tras la salida de uno de ellos del consejo de administración, ante la intención de la entidad pública de iniciar una «nueva etapa» en Indra.

El PP ha criticado estos movimientos y cimenta su censura en la postura de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que tampoco ha recibido precisamente con aplausos lo que ha ocurrido en Indra. Es más, el presidente del regulador del mercado, Rodrigo Buenaventura, calificó el viernes de «llamativa» y «preocupante» la decisión de la SEPI y sus aliados de cesar a cinco de los ocho consejeros independientes de la tecnológica y favorecer así el control de la compañía por parte del holding público.

La versión que da la cúpula de la empresa, obviamente, está en las antípodas. El presidente, Marc Murtra, nombrado en mayo de 2021 cuando germinó la crisis entre los consejeros independientes y la SEPI, afirmó la semana pasada que el aumento de la representación de la SEPI en el capital de Indra solo responde a lo que ya se está produciendo en Europa, sobre todo en el sector de la tecnología y la defensa: «Es una obviedad que todos los países quieren tener la mayor participación de sus empresas en los ámbitos de mayor valor añadido, como los sistemas», enfatizó la semana pasada.

Murtra, quien hasta ahora no tenía poder efectivo pero que tras los cambios y los nombramientos adoptados por la junta de accionistas el pasado jueves ha pasado a tenerlo, presumía este lunes en una entrevista en 'El País' de la mejoría de la situación financiera de la empresa en el último año. Asimismo, sostenía que la compañía se regirá «por criterios técnicos y profesionales sin interferencias ni sugerencias».

La irrupción del presidente del grupo Prisa, Joseph Oughourlian, como cuarto máximo accionista de Indra (4,1%) se interpreta como un respaldo para reforzar el control de la SEPI sobre la compañía, después de que SAPA entrase en la empresa. Oughourlian ha vehiculado su inversión a través de gestora de fondos Amber Capital y cuenta con 7.384.790 títulos de la firma, según comunicó a la CNMV. Su participación está valorada a precios de mercado actuales (10,21 euros por acción) en 75,69 millones de euros.