Recuperar el consenso

La ausencia de acuerdos, derivada en buena medida de la inestabilidad política desde 2015, ha paralizado la trayectoria de actuación participada sobre nuestro sistema. Es hora de recuperarlo. Es la mejor forma de abordar el reto que supone el incremento previsible de pensiones que se producirá en las dos próximas décadas. Reto exigente, pero acotado en el tiempo.

El objetivo pasa por mantener un sistema comparable de pensiones entre las distintas generaciones, con independencia de su número. Conseguirlo es mantener y reforzar la confianza y el mayor grado posible de legitimación social, derivado de la existencia de amplios acuerdos políticos y entre el Gobierno e interlocutores sociales.

Es condición necesaria, pues, retornar a los últimos marcos de acuerdo alcanzados: en el ámbito parlamentario, con las recomendaciones de enero de 2011 de la Comisión del Pacto de Toledo; en el ámbito del Diálogo Social, con el acuerdo de 2 de febrero de ese mismo año, que se concretó a través de las leyes 27/2011 y 28/2011 de reformas de pensiones e integración de regímenes especiales en el Régimen General de la Seguridad Social.

Eso requiere abordar con la mayor premura dos bloques de decisión. De un lado, la derogación de la reforma de 2013: índice de revalorización de pensiones al 0,25% y la definición restrictiva y rechazable que esa reforma hizo del denominado factor de sostenibilidad. Ambas medidas, hoy congeladas, no han sido aún derogadas.

De otro, trasladar tranquilidad y confianza a las personas que cobran pensiones hoy y a las que lo harán mañana, tengan mediana edad o sean jóvenes. Esto es estratégico y pasa por adoptar un paquete de medidas que garanticen, en un plazo breve y razonable, equilibrar la estructura de ingresos y gastos de nuestro sistema de pensiones, acabando con la ficción de la concesión anual de préstamos del Tesoro a la Seguridad Social.

Reforzar la estructura de ingresos procedentes de cotizaciones y de aportaciones del Estado, las dos principales fuentes de financiación definidas en la Ley de Seguridad Social, requiere decisiones inmediatas de desarrollo en un plazo razonable: sobre la imputación de costes a la Seguridad Social; la cotización por ingresos reales de amplios colectivos que hoy no tienen que hacerlo (bases máximas, trabajo autónomo, empleo doméstico...), con la consiguiente mejora de protección social para quienes hoy pertenecen a esos colectivos; la definición de tipos de cotización; el incremento normalizado de aportaciones presupuestarias predefinidas... La estructura fiscal del Estado juega un papel determinante, como hemos destacado en la propuesta que ha presentado CC OO.

Esas dos cuestiones son urgentes, sin perjuicio de abordar, cuando haya nuevas recomendaciones del Pacto de Toledo -ha anunciado que no partirá de cero e iniciará sus trabajos desde el punto en el que se dejó- el conjunto de recomendaciones que puedan formularse.

Es más que deseable que esas recomendaciones, cuando se produzcan, tengan un apoyo amplio en el espectro político, tanto de las fuerzas políticas tradicionales, como de las nuevas realidades políticas que se han incorporado a la democracia representativa en los últimos años.

La estabilidad política, hoy vinculada a la mayoría progresista que existe en las Cortes, junto al mayor consenso político y social posibles, son condiciones necesarias para todo ello.