Así es la inminente reforma del sistema de pensiones: ¿cómo quedarán las jubilaciones?

No habrá una reforma de calado, como las de 2011 y 2013: entonces, subió la edad de jubilación, se exigieron más años cotizados y se definió cómo iban a ser las revalorizaciones anuales. Aun lejos de aquellas transformaciones, las pensiones, o mejor dicho el sistema de pensiones, incorpora cambios que afectarán a los ciudadanos cuya edad se encuentra a menos de cinco años de la jubilación. Las vistas están puestas ahora en el 2025. Ese es el momento marcado en el calendario por esta comisión parlamentaria para acabar con el déficit de la Seguridad Social.

Nadie pone en duda que a partir de entonces habrá que asumir nuevas reformas -la que está en vigor culmina en 2027, cuando la edad de jubilación legal llegará a los 67 años-. Ahora, los grupos parlamentarios están centrando sus negociaciones en los cambios asumibles a corto y medio plazo. El próximo miércoles será el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, quien cierre las comparecencias ante la comisión. A partir de ahí, los partidos negociarán las nuevas recomendaciones -no son vinculantes legalmente- para que el Gobierno las ponga en marcha. Ningún partido quiere pillarse los dedos al hablar del calendario: todos quieren que haya 'fumata blanca', y anticipan un acuerdo en semanas, antes de fin de año. Pero su memoria retiene la ruptura de última hora propiciada por Unidas Podemos en marzo de 2019, justo antes de las elecciones generales.

La sostenibilidad del sistema de pensiones es la gran duda que todo ciudadano se pregunta cuando se acerca a la edad de jubilación. ¿Lo hago ya o me puedo esperar? ¿Corre peligro mi prestación si espero más tiempo? La cuantía de las cotizaciones no cubre las necesidades que tiene la Seguridad Social, que destina unos 10.000 millones de euros al mes para abonar todo tipo de pensiones. La deuda del organismo con el Estado ha aumentado ya hasta los 55.000 millones. Y en el Fondo de Reserva apenas quedan 1.500 millones. «Una de las reglas propuestas es que todo lo que no sea sistema de pensiones propiamente dicho, salga del mismo», explica Íñigo Barandiarán, diputado del PNV en el Pacto de Toledo. Es decir, que «las cotizaciones de los trabajadores financien aquellas prestaciones fundamentalmente contributivas o ligadas de forma estricta al ámbito de solidaridad», aclara.

La idea de la comisión pasa por excluir de la Seguridad Social el pago de prestaciones como las de orfandad o las SOVI, que serían asumidas por el Presupuesto. El cambio no es menor porque aliviaría en parte las cuentas de la Seguridad Social aunque el erario público tendría que financiarse con impuestos. «Lo contrario, como sucede ahora, supone enturbiar la realidad de las cuentas de la Seguridad Social, que ésta está pagando gastos que no le corresponden», apuntan fuentes de Ciudadanos.

La 'patata caliente' de un cambio en las pensiones de viudedad quedará previsiblemente fuera de las nuevas recomendaciones. Aunque fuentes parlamentarias admiten que es necesaria su transformación porque las condiciones sociales para las que estaban pensadas hace varias décadas son completamente diferentes a las actuales.

La suficiencia de las prestaciones está centrando otra parte de los debates parlamentarios. Suficiencia entendida como la capacidad de la pensión para asegurar una vida estable para sus perceptores. Y en este punto el sistema tiene una falla: el 36% de las prestaciones son inferiores a 700 euros al mes. El diputado del grupo vasco Barandiarán lo define claramente: «Que las pensiones mínimas se aproximen a parametros de dignidad».

La diputada de Unidas Podemos, María Pita, sostiene que «las reformas paramétricas no tienen que ser en contra del derecho de pensiones». Se refiere a conceptos como el índice de sostenibilidad, que supone el recorte de la primera prestación en función de la esperanza de vida, por ejemplo. «El hecho demográfico no puede servir para devaluar las pensiones», indica.

Si para incrementar la protección de las pensiones hacen falta más ingresos, una buena parte tendrían que llegar a través de impuestos o bien recortando otros gastos del Presupuesto. Como las conclusiones del Pacto de Toledo son solo recomendaciones, tiene que ser el Ejecutivo de turno el que las ponga en marcha. El presidido por Pedro Sánchez debería tomar alguna posición sobre figuras tributarias, específicas o no. Desde el PP señalan que el Gobierno «debe comprometerse a ser serio, responsable y coherente, porque no lo está siendo, tal y como hemos visto con el Ingreso Mínimo Vital», que «solo perciben un 1% de las solicitudes realizadas».

En este campo, la diputada del PSOE Mercè Perea indica que «habrá que incrementar las transferencias del Estado» al recordar que la recaudación en España sobre el PIB es inferior a la de otros vecinos europeos. «Hay margen», sostiene, porque «España está pendiente de recibir los 140.000 millones de la UE», afirma.

El 16% de las jubilaciones que se formalizan son 'antes de tiempo'. Esto es, hasta con cuatro años de anticipo con respecto a la edad legal, aunque con sus correspondientes penalizaciones, que van del 6,5% al 8% anual, dependiendo de las cotizaciones. Esta modalidad de acceso al sistema ha crecido un 66% desde la anterior crisis: el colectivo de población que ronda los 60 prefiere acceder a la pensión si no encuentra un trabajo acorde a sus circunstancias en una edad tan complicada si se ha perdido el empleo.

Escrivá ya ha anticipado que es momento de «desincentivar» las jubilaciones anticipadas. El problema es la fórmula para lograrlo. Varios miembros del Pacto de Toledo consideran que las actuales penalizaciones son «excesivas». Y podrían recomendar cambiarlas al menos en cuanto a los años cotizados se refiere en cada uno de los casos. «Pero es una cuestión de números para garantizar la sostenibilidad y, a la vez, reparar a los ciudadanos que no tienen trabajo en esa edad cercana al retiro», apuntan estas mismas fuentes. Lo que sí quiere introducir el texto es un impulso a la prolongación de la vida laboral más allá de la edad legal para evitar una salida masiva de cotizantes de los 65 a los 67.