En el año 1995 en una situación de crisis económica y ante la incertidumbre sobre el futuro del sistema público de Seguridad Social los grupos políticos en el Congreso de los Diputados decidieron ponerse de acuerdo en lo que fueron unas recomendaciones que sirviesen de marco de referencia para futuras reformas del sistema. Tuvieron claro que la Seguridad Social es uno de los pilares fundamentales del Estado del Bienestar y que toda la ciudadanía en uno u otro momento de su vida debe afrontar situaciones en las que, como consecuencia del desempleo, de la enfermedad, de los accidentes, de la vejez, de la viudedad... pierde capacidad para obtener una renta salarial y se ve abocada a la necesidad de percibir un subsidio o una pensión. Consideraron que era idóneo el buscar un espacio de debate tranquilo y no sometido a tensiones electorales y partidistas.
Posteriormente, estas Recomendaciones se renovaron en 2003 y en 2011. Y se deberían haber renovado en enero de 2016. En febrero de 2019 estuvo a punto de conseguirse un acuerdo, pero la convocatoria de las elecciones del 28 de abril hizo que no fuese posible. Atrás quedaron dos años de múltiples reuniones de la mesa y portavoces y de la propia comisión con cerca de cincuenta comparecencias de miembros del Gobierno, expertos, responsables sindicales y empresariales, representantes de asociaciones de autónomos, de la Economía Social, de personas con discapacidad y de diversos organismos públicos como el Banco de España o la AIReF.
Ahora toca retomar toda la tarea realizada e intentar llegar cuanto antes a un acuerdo en el seno de esta histórica e importante comisión.
La sociedad entera nos está mirando. En los últimos tiempos se han suscitado muchas incertidumbres en relación a la sostenibilidad financiera del sistema de Seguridad Social en general y de las pensiones públicas en particular y también sobre su suficiencia. Es nuestra responsabilidad transmitir certidumbre y confianza sobre el presente y el futuro de un sistema de reparto basado en la solidaridad intergeneracional, interterritorial e intersectorial.
Además, el Gobierno ha de trabajar junto con los agentes sociales y económicos en conseguir un acuerdo en la Mesa de Diálogo Social.
Solo las reformas de la Seguridad Social que se basan en estos acuerdos suelen tener futuro. Las que se imponen de manera unilateral por un solo grupo político, aunque en ese momento concreto tenga mayoría, suelen tener muy corto recorrido.
Tenemos que conseguir un acuerdo que garantice pensiones suficientes y socialmente sostenibles en las que se vaya eliminando progresivamente la brecha de género y que garantice también la sostenibilidad financiera a corto, medio y largo plazo. Solo así se tendrá la garantía de que las reformas legislativas son políticamente sostenibles en el tiempo.
Y, por supuesto, hay que garantizar la sostenibilidad jurídica respetando la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, la normativa de la OIT, la de la Unión Europea y la Constitución Española, en especial lo establecido en sus artículos 41 y 50.
Un Sistema de Seguridad Social sólido es garantía de cohesión y justicia social y, por ende, de paz social y estabilidad política.
Por todo ello, una buena manera de celebrar el 25 cumpleaños del Pacto de Toledo sería consiguiendo un acuerdo que cada día que pasa es más necesario.
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