La OCDE reprende a España por la fragmentación política y la falta de medidas contra la corrupción
Exige a Sánchez mayor vigilancia en la contratación pública y propone un impuesto a las casas vacías según su ubicación y el tiempo desocupadas
En un momento marcado por las investigaciones sobre el 'caso Koldo' o sobre el posible fraude con las mascarillas, la OCDE da un tirón de ... orejas a España por la corrupción. En su informe anual sobre el país, la institución reconoce que se han dado pasos adelante en el marco legal contra la corrupción, pero insisten en que aún existen «deficiencias» en la aplicación de esas leyes. «Sigue siendo un problema», advierte.
«Si bien la proporción de denuncias relacionadas con la corrupción en la contratación pública ha disminuido del 11% al 7,2% en 2021, han surgido varias denuncias de corrupción en los últimos años», alerta la institución, que recomienda la plena implementación de la Estrategia Nacional de Contrataciones Públicas 2023-2026, un mayor uso de las contrataciones electrónicas y la creación de una plataforma unificada de datos abiertos para facilitar un mejor seguimiento y rendición de cuentas.
Evolución del control de la corrupción
Escala: -2,5 (mal) a 2,5 (bien)
España
OCDE
EU-27
2
1,5
1
0,5
‘96
‘23
Fuente: OCDE
Evolución del control de la corrupción
Escala: -2,5 (mal) a 2,5 (bien)
España
OCDE
EU-27
2
1,5
1
0,5
‘96
‘23
Fuente: OCDE
Evolución del control de la corrupción
Escala: -2,5 (mal) a 2,5 (bien)
España
OCDE
EU-27
2
1,5
1
0,5
‘96
‘23
Fuente: OCDE
«A pesar de las reformas legales, la percepción pública de la corrupción en España sigue siendo alta y se ha deteriorado con el tiempo», señala el organismo, recordando que, hasta hace poco, España carecía de una estrategia concreta en materia de anticorrupción. El 9 de julio de 2025, el Gobierno anunció su Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción con 15 puntos, con medidas que, si se implementasen eficazmente, servirían para abordar los desafíos planteados.
La OCDE menciona con especial interés la regulación sobre los denominados grupos de interés. «España carece de un marco regulatorio vinculante que defina claramente a los lobistas y sus actividades, así como de un organismo supervisor que supervise la transparencia de las actividades de lobby». «Además, no existe un registro de lobistas que divulgue información relevante sobre ellos, con un progreso lento de la normativa hasta la fecha», indica.
La institución también avisa de la fragmentación política actual y del riesgo que supone para la economía, al ser un factor que complica las reformas y medidas fiscales necesarias para impulsar el crecimiento. La falta de consenso preocupa, y mucho, en la institución. También por las dificultades para afrontar serios problemas como el de la vivienda, que ocupa un espacio predominante en el tirón de orejas que se desprende del informe.
La OCDE hace especial énfasis en la necesidad de incrementar el parque social de viviendas que actualmente representa un 3% del total. Para alcanzar la media de la UE, España necesitaría 1,5 millones de casas de alquiler social, lo que implicaría construir o convertir más de 850.000 viviendas adicionales durante los próximos 4 años.
Entre las recomendaciones de la institución para atajar el problema de oferta destaca, además de acelerar los permisos de construcción, aplicar un impuesto a las viviendas vacías. Una medida que se ha planteado en el seno del Ejecutivo pero que resulta de compleja aplicación. La OCDE apunta a que en el país existen 3,8 millones de casas vacías, pero ubicadas sobre todo en lugares donde las personas no quieren vivir (un 33% de ellas en pueblos con menos de 1.000 habitantes, y solo el 18% en ciudades donde vive el 53% de la población). Por eso, aboga por una tasa limitada a la ubicación de esas viviendas y el tiempo que permanezcan vacías.
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