Jubilación anticipada y penalización: Uno de cada cuatro jubilados tiene un recorte en su pensión por adelantar la edad de retiro

Por ello, en el Plan de Estabilidad enviado la pasada semana a Bruselas el Gobierno ya informa a la Comisión Europea de su intención, «en el medio y largo plazo», de «desincentivar las jubilaciones anticipadas», al mismo tiempo que fomentar el retraso de la jubilación con «incentivos positivos». ¿Serán muchos los penalizados por esta medida que se incluirá en la reforma de las pensiones que el Gobierno pondrá en marcha una vez obtenga las recomendaciones del Pacto de Toledo?

Más del 40% de los nuevos jubilados abandona el mercado laborar antes de tiempo, es decir, antes de cumplir los 65 años, la edad legal para los que tienen largas carreras de cotización. Sin embargo, no a todos ellos se les penaliza, pues hay casos que están justificados, como son aquellas altas que proceden de profesiones cuyos trabajos sean de naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa o insalubre, o también las personas con discapacidad. A ellos no se les aplica ningún coeficiente reductor e incluso pueden gozar de algún tipo de bonificación, al igual que los casos de jubilaciones con contrato relevo, es decir, cuando se sustituye a un trabajador por otro, siempre y cuando cumplan unos requisitos. En España, más del 80% de las jubilaciones anticipadas proceden del desempleo

Aún así, casi uno de cada cuatro nuevos pensionistas ha sufrido este año un recorte en su prestación a causa de adelantar la edad de retiro, recorte que previsiblemente será mayor cuando se ponga en marcha la medida anunciada por Escrivá, que pretende que por cada año de adelanto se reduzca la pensión un 8% real. Concretamente, de las más de 122.000 personas que se han jubilado en el primer semestre de 2020, a un 27% (33.500 trabajadores) se le aplicó un coeficiente reductor. Aún así, su pensión es superior a la media, ya que cobran 1.645 euros al mes, frente a los 1.420 euros en que se sitúa la media de jubilación de las nuevas altas en 2020. Son a su vez 400 euros más que los 1.244 euros que abonan de media a los que se retiran a la edad ordinaria.

Pero no todos los que adelantan su jubilación lo hacen por voluntad propia. Más del 12% se vieron obligados a ello el año pasado, por haber sido objeto de un despido colectivo. El porcentaje este año disminuye hasta el 9%, pero se debe a que la pandemia ha provocado una caída del 20% de las nuevas altas, por lo que estos datos están un poco distorsionados. Se espera que el ritmo de nuevos pensionistas se acelere en esta recta final de año, ya que al haber estado cerradas las oficinas de la Seguridad Social muchos lo han pospuesto.

Mayor es el porcentaje de los que deciden jubilarse antes de los 65 años: un 16% en 2019, nivel que se eleva hasta el 18,5% este año. Esto supone que las jubilaciones anticipadas voluntarias se han duplicado con creces desde 2013, año en que se aprobaron, cuando apenas representaban el 7% de todas las altas. Este colectivo es el que previsiblemente tendrá unas mayores penalizaciones si se jubilan antes de la edad legal. No está tan claro que también se endurezcan las condiciones para los que se ven forzados a una jubilación anticipada por estar en desempleo tras ser víctima de un ERTE. El Pacto de Toledo va a emplazar al Gobierno en sus recomendaciones -que prevé cerrar este próximo viernes y votarlas ya en comisión el martes 27 de octubre- a determinar en el plazo de tres meses posibles excepciones a las penalizaciones existentes en la pensión para las jubilaciones anticipadas, según Europa Press. Responde así a la petición de los sindicatos y colectivos como la asociación Asjubi40, que denuncian recortes de hasta el 40% a personas que se vieron obligadas a jubilarse de forma anticipada durante la crisis, después de haber acumulado largas carreras de cotización, superiores a 40 años. Esta reivindicación es vista con buenos ojos tanto por parte de esta comisión parlamentaria como por parte del ministro Escrivá.

Pero la próxima reforma de pensiones aumentará los incentivos para quienes retrasen la jubilación, algo que ahora solo hacen una pequeña minoría: apenas un 5% del total de nuevos pensionistas.