El Gobierno recupera las medidas del 'decreto antiapagón' para reforzar el control de tensión por parte de REE y de la CNMC

Lo hace contra el criterio de Competencia, que tendrá que realizar un informe trimestral sobre las obligaciones de control de los agentes del sector eléctrico después de que el órgano calificara de «innecesarios» los mandatos del proyecto de real decreto para reforzar el sistema eléctrico en un informe.

En concreto, se establecen medidas de supervisión y control sobre las obligaciones de control de tensión de los agentes del sector eléctrico, reforzando así las funciones del órgano que preside Cani Fernández, que deberá, en un informe trimestral de carácter público dar cuenta de esta cuestión, clave para el adecuado funcionamiento del sistema eléctrico, informó el Ministerio en un comunicado. El regulador también completará un plan de inspección extraordinario de las capacidades de reposición del suministro, que repetirá cada tres años.

En lo que respecta a Red Eléctrica, elaborará propuestas de modificación normativa sobre las respuestas frente a las oscilaciones de potencia, sobre la velocidad de variación de tensiones, sobre la programación de las restricciones técnicas y sobre otros elementos, así como la definición de un procedimiento para monitorizar incidentes, y otro procedimiento para coordinar los planes de desarrollo de la red de transporte y la red de distribución. Estas propuestas técnicas del operador del sistema deberán estar listas en plazos de tres a seis meses; las reformas normativas subsiguientes serán analizadas por parte de los organismos competentes y, en su caso, tras las correspondientes valoraciones, las aprobarán en menos de seis meses.

El nuevo decreto recupera las medidas para impulsar la incorporación al sistema eléctrico del almacenamiento de energía, que debe alcanzar una potencia de 22,5 gigavatios (GW) en 2030, según las previsiones del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC).

De esta manera, se agiliza la tramitación cuando estas instalaciones vayan hibridadas en plantas de generación ya existentes y el reconocimiento de los estudios de impacto ambiental ya realizados en la planta sin necesidad de duplicar su tramitación.

«Este impulso al almacenamiento permitirá tener un sistema más robusto y unos precios de la electricidad más competitivos para ciudadanos y empresas, aumentando la competitividad del sector industrial español y atrayendo inversiones», celebró José Donoso, director general de UNEF. El real decreto también incorpora al ordenamiento jurídico la definición de repotenciación de la normativa europea, que supone la renovación de instalaciones eléctricas, como los aerogeneradores o los paneles solares.

Por otra parte, al objeto de impulsar la electrificación, la norma fomenta la conexión a las redes de nuevas actividades económicas, principalmente industriales, al fijar la caducidad de los derechos de acceso y conexión para demanda a los cinco años de haber sido otorgados, previniendo el acaparamiento y la especulación. También se busca impulsar la demanda de electricidad al acotar los plazos de respuesta de las distribuidoras a la hora de poner en marcha las extensiones de red, por ejemplo, para la recarga de vehículos eléctricos.

Aunque el Gobierno ha ido recuperando muchas de las medidas planteadas en julio a través de esta fórmula para no tener que pasar por el Congreso, sigue dejando fuera la exención del 80% de los peajes eléctricos para la industria electrointensiva, que sí requiere del aval del Congreso.