España pide a Bruselas que no retroceda en las obligaciones 'verdes' de las empresas

El contexto es complicado. Aunque Bruselas se ha convertido en un referente mundial en regulación empresarial -y en concreto sobre economía 'verde'-, la nueva Comisión está teniendo más en cuenta que sus anteriores líderes las quejas de los empresarios y la presión que sufren las economías europeas actualmente con los nuevos aranceles y la política de Donald Trump no ayuda.

La normativa europea que se pretende flexibilizar la semana que viene establecía herramientas para que las empresas informaran de su huella medioambiental a través de una clasificación que establecía qué inversiones se podían considerar que aportaban valor en la lucha contra el cambio climático a nivel europeo. Y el Gobierno español no rechaza que haya que acometer cierta simplificación del reglamento, pero en la misiva enviada este martes establece unos límites, como que esa clasificación no se invalide porque, en este contexto, volver a negociarlo podría suponer el fin de la normativa medioambiental en su totalidad. «Se puede mejorar la taxonomía y reducir la carga de presentación de informes evitando la reapertura de la legislación de nivel 1″, señala la carta enviada por el Ministerio de Transición Ecológica y el de Economía.

Los destinatarios del escrito han sido cuatro comisarios europeos, entre los que se encuentra la vicepresidenta de la Comisión, Teresa Ribera, predecesora de Sara Aagesen al frente del ministerio. Y lo que plantean con la carta es que se intervenga en la normativa, pero con «precisión»: «Aunque los ejercicios de aplicación y simplificación son indispensables, también lo son unos sólidos requisitos de información sobre el clima», señalan dirigiéndose, además de Ribera, a los comisarios de Estrategia Industrial, Stéphane Séjourné; de Economía, Valdis Dombrovskis; y de Servicios Financieros, María Luís Albuquerque.

Así, España reclama que se mantengan las obligaciones de las empresas de evaluar el impacto que tiene el cambio climático sobre ellas, como del impacto de su actividad sobre el medio ambiente y la sociedad, en base al conocido como «principio de doble materialidad» incluido en las normas sobre informes de sostenibilidad empresarial para ofrecer a los inversores información precisa y comparable que les permita tomar decisiones informadas.

«Creemos que todas las empresas, incluidas las de esta categoría, deberían estar sujetas a la obligación de informar sobre el clima, aunque de forma proporcionada», indica la carta. Además, subrayan la importancia de la directiva sobre la diligencia debida, que obliga a las empresas y matrices con más de 1.000 empleados y un volumen de negocio mundial superior a 450 millones de euros a evitar, poner fin o reducir su impacto negativo sobre los derechos humanos y el medio ambiente.

Así, el Gobierno apunta que «la supresión de determinadas obligaciones existentes no mejoraría necesariamente la competitividad de la UE», y advierten de que, al contrario, «podría enviar una peligrosa señal de retroceso en los valores y ambiciones europeos».