Sacyr se queda sin indemnización en solitario por las obras del Canal de Panamá

El Tribunal Arbitral de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Cnudmi o Uncitral en español) ha desestimado este viernes iniciar siquiera el arbitraje pedido por la compañía contra ese Estado centroamericano, en una decisión que ha contado con un voto particular en contra. No obstante, Sacyr afirma que seguirá defendiendo las reclamaciones contra Panamá ante otro tribunal arbitral con sede en Miami (ICC), en ese caso junto a sus socios en la obra, el consorcio GUPC que formaban otras constructoras internacionales.

El matiz jurídico en este caso que más interesaba a la empresa que preside Manuel Manrique es que en los prolegómenos del proceso ante Uncitral, este tribunal arbitral había dado por bueno en 2022 que las actuaciones de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), operadora de la infraestructura y promotora de su proyecto de ampliación, podían atribuirse directamente a este Estado centroamericano, de manera que la reclamación podía subir de nivel por el incumplimiento que Sacyr denunciaba del Acuerdo de Protección y Promoción Recíproco de Inversiones entre España y Panamá (APPRI). Pero al rechazarse ahora entrar en el fondo del asunto, ni siquiera se ha podido llegar a concretar una hipotética indemnización por la ampliación del Canal hace una década en este caso, esperaba obtener unos 1.000 millones en solitario.

Lo cierto es que las reclamaciones presentadas hasta ahora por esas empresas han resultado un verdadero fiasco, pues en septiembre de 2020 la Cámara Internacional de Comercio (ICC) les impuso la devolución forzosa de 240 millones de dólares (206 millones de euros al cambio de entonces) a las autoridades panameñas en uno de los varios pleitos que se han cruzado ambas partes en los últimos años. Sus derrotas en esa guerra jurídica, donde las reclamaciones del consorcio se aproximan a los 3.000 millones de dólares, le han supuesto hasta ahora un saldo negativo de unos 15 millones de dólares, aunque el proceso aún no está cerrado del todo.

En todo caso, desde la dirección de Sacyr quisieron destacar que la decisión de este tribunal de arbitraje, con sede en Washington y vinculado a la ONU, no tiene ningún impacto negativo en su cuentas. De hecho, inciden en que las futuras decisiones de los laudos ante el ICC tendrán un impacto positivo en sus resultados anuales, al estar todo ya provisionado en los mismos. De esta forma, espera poder minimizar el probable impacto negativo que la noticia puede tener el lunes próximo en los mercados.

El Gobierno de Panamá se había armado para defenderse de este arbitraje abierto por Sacyr a través de la contratación de asesores legales de renombre, según señala Europa Press. En concreto, destinó hasta 5,6 millones de euros para encargar a la firma estadounidense Arnold & Porter Kaye Scholer su representación ante el tribunal.

Se trata de un contrato que ha arrastrado varios años de litigios entre Panamá y el consorcio GUPC -participado al 41,6% por la constructora española-, debido a que la obra se adjudicó por 3.200 millones de dólares pero acabó costando 5.580, casi el doble. En 2020, el presidente de Sacyr, Manuel Manrique, aseveró que se trataba de «una historia del pasado de la compañía», intentando así pasar página y en las últimas juntas de accionistas reiteró que todos los importes que pudiesen resultar negativos para la empresa ya están provisionados. «Solo podemos obtener ganancias», argumentó.

No obstante, los efectos de la considerada como la mayor obra de ingeniería del siglo XXI todavía siguen presentes y continúan los laudos. Por ejemplo, este del Cnudmi fue presentado en solitario por Sacyr (sin sus socios italiano Webuild y belga Jan de Nul), reclamando entre 1.000 y 2.000 millones de dólares (861 y 1.723 millones de euros), mientras que ante el ICC de Miami va todo el consorcio unido.

Los últimos avances en torno a este litigio fueron la recuperación en 2022 de 250 millones de dólares en garantías por parte del consorcio constructor y, en la parte negativa para el GUPC, el rechazo por parte del Tribunal Supremo de EE UU de un recurso que presentaron esas constructoras contra un pago que tuvieron que hacer de 265 millones de dólares a la Autoridad del Canal de Panamá en 2020.