Jueces anulan medio centenar de multas contra Primor impulsadas por un inspector de Trabajo
La empresa malagueña había sido sancionada con unos 30 millones de euros que posteriormente recurrieron a la Justicia
Algo empieza a oler mejor en Primor. La cadena malagueña de perfumerías ha conseguido que jueces y tribunales anulen medio centenar de multas que le ... habían sido impuestas por la Inspección de Trabajo. Lo llamativo de este caso es que casi todas las inspecciones han estado impulsadas por un único inspector de este departamento en Málaga. En concreto, analizó 30 sociedades bajo las que se comercializa la marca Primor, todas por iniciativa propia y por todas las materias por las que podía investigar, o sea, por Seguridad Social, prevención de riesgos laborales y relaciones laborales y por el plazo máximo permitido por la ley, o sea, por los cuatro años anteriores a la fecha de la inspección. Se da la circunstancia de que de las 44 tiendas que tiene Primor en la provincia, el inspector visitó 42 de estos comercios y en todas las sociedades levantó un total de 268 actas (de infracción, obstrucción, liquidación). Esto se ha traducido en sanciones que se acercan a los 30 millones de euros, por lo que la empresa acudió a los tribunales para recurrirlas. En total, se han abierto casi 200 procedimientos judiciales, de los que 52 ya le han dado la razón a las sociedades vinculadas a Primor, que es la segunda empresa malagueña que más factura en la provincia, anulando las sanciones.
Se da la circunstancia de que China Red, una de las sociedades principales de Primor, fue inspeccionada en los años 2019 y 2020 por otros inspectores, y le impusieron un total de 74.416 euros de sanción. Sin embargo, la inspección llevada a cabo posteriormente por el funcionario Juan B. sobre la misma sociedad y sobre la misma materia acabó con una sanción de casi tres millones de euros. «En total sancionó con cerca de 30 millones de euros, un 15.000% más de lo que habían sido sancionadas esas mismas sociedades en las numerosas inspecciones que habían tenido en los cuatro años anteriores», relata Juan Ricardo Hidalgo, propietario de Primor.
Ante esta situación, los representantes de la compañía intentaron acudir a la jefatura de la Inspección de Trabajo al considerar que estaban sufriendo una persecución por parte de ese inspector, aunque no fueron recibidos, según apuntan desde Primor. Todo esto derivó en un cruce de denuncias entre el inspector referido y el propietario de Primor, Juan Hidalgo. El funcionario puso en conocimiento de su jefe que en una comparecencia el propietario de Primor le coaccionó, le amenazó y lo calumnió. Este asunto fue derivado a la Fiscalía, que a su vez lo remitió a un juzgado de instrucción que abrió diligencias previas el año 2021.
En este procedimiento el inspector se personó como acusación particular. Este dato resulta relevante, porque los juzgados han anulado numerosas sanciones precisamente por esto, al entender que el funcionario se tendría que haber abstenido, o sea, que no debió inspeccionar a la empresa contra la que iba a nivel penal, porque se podría entender que tenía una enemistad manifiesta, que es una de las causas de abstención o de recusación. En octubre de 2021 el juzgado archivó la denuncia contra el propietario de Primor al considerar que no había indicios de los delitos que le imputaba el inspector Juan B. Poco después de la referida denuncia, el propietario de Primor se querelló contra el funcionario por prevaricación y en noviembre del 2021 se archivó la citada querella contra Juan B. Pero esta no ha sido la única querella presentada contra el inspector. De hecho, está citado a declarar como querellado mañana, día 24 de abril, en el Juzgado de Instrucción número 3 y el próximo día 26 de mayo en el Juzgado de Instrucción número 14.
La empresa ha tenido que anticipar a la Seguridad Social y a la Consejería de Empleo cinco millones por las citadas inspecciones
A día de hoy, los juzgados han anulado medio centenar de sanciones. Un total de 16 le han dado la razón a la empresa por falta de motivación al inicio de las actuaciones por parte del inspector; 23, porque consideran que el funcionario se tendría que haber abstenido debido al cruce de denuncias existentes; 6, por desviación de poder, y 19, porque los jueces sostienen que no resulta de aplicación un convenio que aplica el inspector para hacer un nuevo cálculo de las cuotas de la Seguridad Social, según ha apuntado el abogado, Jorge León Gross.
A nivel económico, estas resoluciones judiciales han permitido ya reducir en 15 millones las sanciones que se habían impuesto, aunque aún quedan decenas de procedimientos judiciales por salir. Sin embargo, la empresa ha tenido que anticipar a la Tesorería de la Seguridad Social y a la Consejería de Empleo un total de cinco millones a consecuencia de las citadas inspecciones. Este periódico ha intentado sin éxito conseguir las versiones del referido inspector y de la actual jefa de la Inspección de Trabajo de Málaga.
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