La obra pública remonta el vuelo en Málaga, pero el sector pide más

Muy lejos quedan los 350 millones de euros que se invertían por trimestre entre 2005 y 2007. «Con respecto al año anterior, indudablemente, ha habido un aumento del número de licitaciones, pero es que 2015 fue un año muy malo en lo que a contratación pública se refiere. Las cifras van aumentando, pero todavía queda mucho recorrido hasta llegar a niveles de años como 2010», apunta el abogado especialista Pedro Javier López González, director de la firma Consultores de Contratación Pública.

Para ACP, los números «siguen siendo insuficientes para el tejido empresarial malagueño». El buen comportamiento del segundo trimestre, en el que se alcanzaron los 88 millones de euros en Málaga, se quedaron en un «espejismo» para esta patronal, donde esperan a que cierre el año para hacer un balance global.

Se da por seguro que 2016 será mejor que 2015, pero se espera que peor que 2017. Para ACP en el cómputo anual hay por el momento un cambio «positivo», teniendo en cuenta además que Málaga es la única provincia que crece en Andalucía en volumen de licitaciones. De hecho, de enero a septiembre la inversión pública en la comunidad autónoma fue un 39% más baja que el año pasado.

Del total invertido en Andalucía en el tercer trimestre, 166,8 millones de euros, un 25% (41,7 millones) han ido a parar a Málaga. En España las cifras también bajan. Según los datos de Seopan, la inversión del conjunto de las administraciones en obras públicas se cifró en los nueve primeros meses en 6.981,2 millones de euros, un 5,8% menos que en el mismo periodo de 2015.

En el sector reclaman más movimiento a las administraciones, especialmente a la Junta de Andalucía y al Gobierno central. Desde Consultores de Contratación Pública, Pedro Javier López señala que en Málaga las administraciones más activas en licitaciones han sido la Diputación y los ayuntamientos, sobre todo el de la capital. En el otro extremo se sitúa la Junta de Andalucía, «con mucha diferencia», añade López: «No sabemos a qué se debe esa parálisis contractual».

Otra de las clásicas reclamaciones en el sector es repartir mejor la tarta, para que las contrataciones públicas lleguen a más empresas, especialmente pymes y de nueva creación. En el ámbito legislativo se ha avanzado con la Directiva 2014/24/UE sobre contratación pública. El responsable de Consultores de Contratación Pública cree se están tomando medidas. «Sin ir más lejos, hace un mes se presentó en el Congreso de los Diputados una proposición de ley para promover la transparencia en la contratación pública», recalca, pero añade que queda mucho por hacer para que la adjudicación de contratos importantes a pequeñas y medianas empresas sea «una realidad y no una mera declaración de intenciones». «No es sólo facilitar información a los licitadores para favorecer la concurrencia y ser más eficientes. Tiene que ir más allá y mostrar abiertamente a los ciudadanos, rindiendo cuentas a la sociedad, cómo se gestiona la contratación pública. Hay que avanzar, como ya ha indicado algún compañero, hacia la 'Contratación Abierta'. Los ciudadanos tienen el derecho a saber cómo y cuánto se invierte con los recursos públicos», reflexiona Pedro Javier López.

Sando, entre los 'reyes'

Hace unos días salía a la luz un estudio elaborado por la Fundación Civio según el cual solo diez constructoras se habían repartido desde 2009 el 70% de todo el dinero adjudicado en obras públicas en España. Entre los llamados Reyes del Ladrillo figura una empresa malagueña: Sando, con 1.167 millones de euros (de ellos 1.032 fueron adjudicados a través de alguna UTE y el resto en solitario).

Sando cierra ese ranking de diez que lidera ACS, seguida de Acciona, FCC, Ferrovial, Sacyr, Isolux Corsán, Villar Mir, Comsa, Copisa. Su enorme capacidad financiera les facilita llevarse las obras de mayor cuantía, aunque el estudio señala que un total de 2.600 empresas ligadas al ladrillo han participado en alguno de los contratos adjudicados en los últimos años.

En Málaga este pasado verano el Ayuntamiento de la capital respondía a la reclamación de la Asociación de Promotores y Constructores y anunciaba un nuevo pliego para adjudicar obras en los distritos con el objetivo de «mejorar la transparencia, la seguridad jurídica y el apoyo a las pymes». Si la cuantía no sobrepasa los 50.000 euros, se puede recurrir a la adjudicación directa, aunque en ese caso se optó por dividirlo en 12 lotes, prácticamente uno por distrito. La directiva de la ACP pone de manifiesto la importancia de unos pliegos de licitación que «velen por la libre concurrencia, siempre atendiendo a establecer criterios y baremaciones que primen ofertas realistas». Así se lo hicieron saber al jefe de Unidad de Carreteras del Ministerio de Fomento en una reciente reunión.

Las bajas temerarias son otra preocupación. Pedro Javier López plantea que no solo se tenga como criterio de adjudicación el precio más bajo, sino otros como las mejoras, parámetros de calidad ambiental o de innovación: «No siempre lo más barato es lo mejor. Hay que hacer una apuesta seria por la calidad en todas las obras o servicios del sector público y buscar una mayor eficiencia del gasto público».dación Civio.