El déficit autonómico oculto superó en 5.150 millones al observado en 2016

Es lo que han hecho los economistas de Fedea bajo la batuta de Ángel de la Fuente, que también es analista del CSIC y participó en el grupo de expertos que el Gobierno creó para elaborar una propuesta sobre el nuevo sistema de financiación autonómica. Sus conclusiones arrojan que ese agujero, aunque se redujo un 8,5% el año pasado en comparación con el dato de 2015 -los números rojos oficiales cayeron, a su vez, un 51%-, fue superior en 5.150 millones de euros al déficit oficial declarado por las autonomías y luego oficializado por el propio Ministerio de Hacienda.

La diferencia entre uno y otro se disparó en 2016 hasta el 56,2%, un margen no visto incluso en los peores años de la crisis. De hecho, el ejercicio anterior el saldo presupuestario subyacente resultó inferior en 3.043 millones respecto al observado luego para ese ejercicio en las cifras contabilizadas por el Gobierno y remitidas a la Comisión Europea.

Para llegar a ese pasivo que estaría oculto bajo distintos factores «atípicos», el director de Fedea ha centrado sus ajustes en la forma en que se han contabilizado las facturas pendientes de pago de las autonomías. También ha considerado los saldos negativos aplazados de las liquidaciones del sistema de financiación territorial en el bienio 2008-2009 y, asimismo, las retenciones practicadas a las comunidades para ir pagando esas cantidades pendientes.

Completados esos cálculos, ese desequilibrio contable hasta ahora desconocido alcanzó los 14.305 millones en 2016, frente al déficit presupuestario observado de 9.155 millones. Lo bueno es que ese saldo negativo subyacente fue 4.200 millones menor que dos años atrás; lo malo, que «su patrón de redución gradual fue mucho más suave» ese último ejercicio, alerta De la Fuente.

Por eso, en su informe señala que la situación presupuestaria actual de las comunidades es «menos cómoda de lo que podría parecer a primera vista», incluso el patrón observado en los dos últimos años «resulta un tanto engañoso». Y es que el acercamiento al objetivo de déficit entre 2015 y 2016 se debió «fundamentalmente» a una «fuerte reducción» de los intereses de su deuda por «acciones discrecionales» del Gobierno, que «podrían no mantenerse en el futuro». Por ejemplo, las reducciones paulatinas en esos rendimientos que viene aceptando el Ejecutivo, o la puesta en marcha tanto del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) como del de pagos a proveedores.

También se ha debido esa reducción del desequilibrio presupuestario a «una caída adicional de la inversión desde niveles ya muy bajos» que -avisa- «habría que empezar a revertir lo antes posible». El saldo de las operaciones de capital en las autonomías se redujo un 18,2% en 2016, con 2.578 millones menos, mientras que los pagos por intereses lo hicieron otro 5,7% (431 millones). Por contra, los otros gastos corrientes crecieron un 3,3%, 4.296 millones más.

La evolución de la inversión, insiste el director de Fedea, es «ciertamente preocupante». Así, desde 2009 hasta 2016 su volumen real por habitante cayó a menos de la mitad, tanto en el conjunto del país como en 13 de las 17 autonomías, y de forma más acusada en Andalucía, Asturias, Castilla-La Mancha y Cataluña.

«De no corregirse en un tiempo razonable, esta situación terminará comprometiendo la calidad de los servicios públicos» que pueden prestar las comunidades, advierte en su informe. El problema, añade, es que en la parte final del período temporal analizado «en la mayoría de los casos no se observa una recuperación» de la inversión bruta.

Pero hay otras conclusiones preocupantes. Así, De la Fuente ha detectado que la llamada cuenta 413 del sistema contable de las administraciones públicas, de carácter «extra-presupuestario», se ha podido utilizar para «aparcar un volumen significativo de facturas por períodos largos de tiempo». Esto, advierte, puede «ofrecer una imagen distorsionada» de la evolución del gasto.

Además, las autonomías aún no han terminado de devolver los 23.148 millones favorables al Estado por las liquidaciones del sistema de financiación de 2008 y 2009. De hecho, el Gobierno les ha ido extendiendo el plazo total de pago hasta los veinte años de demora. Otro elemento, advierte, que podría «distorsionar» el patrón de ingresos y déficit.

En esta tesitura, concluye, «sería necesario un esfuerzo de contención del gasto corriente» autonómico». El pero, reconoce, es que «seguramente no resultará sencillo en las actuales circunstancias políticas».