Un nuevo reglamento que llega sin el apoyo del campo

Detrás quedan muchos meses de bloqueo en una de las iniciativas que más han dado que hablar dentro del denominado Pacto Verde Europeo, un conjunto de medidas que quiere llevar a los Veintisiete hacia la denominada transición ecológica. El objetivo último del Pacto Verde es alcanzar la neutralidad climática a mediados de este siglo.

Concretamente, La Ley de Restauración de la Naturaleza de la UE, consensuada con los Estados miembros, pretende regenerar los ecosistemas degradados de sus territorios, contribuir a alcanzar los objetivos climáticos y de biodiversidad de la UE y mejorar la seguridad alimentaria.

Para poder lograr estas metas, los estados miembros deben restaurar al menos el 30 % de los hábitats contemplados en la nueva ley (desde bosques, pastizales y humedales hasta ríos, lagos y lechos coralinos) para que pasen de un estado deficiente a uno bueno en 2030, porcentaje que aumentará al 60 % en 2040 y al 90 % en 2050.

En este sentido, los distintos gobiernos tendrán que dar prioridad a las zonas de la Red Natura 2000 hasta el año 2030. Cuando un área se encuentre en buenas condiciones, los países de la UE velarán por que no se deteriore de manera considerable. Los Estados miembros también tendrán que adoptar planes nacionales de restauración que detallen cómo pretenden alcanzar estos objetivos.

Una de las repercusiones positivas que se espera de esta Ley de Restauración de la Naturaleza de la UE será la recuperación del número de polinizadores, entre los que destacan sobre todo las abejas. En las últimas décadas, el número de estos insectos que son fundamentales para los cultivos agrícolas ha decrecido alarmantemente.

Con las medidas de regeneración de ecosistemas que se dan por perdidos en la actualidad, la Unión Europea espera que aumente la presencia de polinizadores y con ello se obtenga mucha más rentabilidad en determinadas explotaciones.

Pero, si esta nueva norma llega con cierta polémica, es por el malestar generado especialmente entre los agricultores y ganaderos de muchos países. Entre ellos, está Asaja, que ha calificado de «traición al campo» el reglamento aprobado.

En concreto, el presidente nacional de esta organización agraria, Pedro Barato, asegura que «se ha ignorado las necesidades y preocupaciones del sector, optando por respaldar una normativa defectuosa que carece de una financiación clara y coherente para la restauración de los ecosistemas en toda la UE».

En este sentido, Barato asegura que se trata de una «precipitada decisión» que lleva al campo hacia «un futuro incierto, plagado de disputas legales a nivel regional, nacional y europeo».

Respecto a la citada financiación, la mayoría de las asociaciones agrarias temen que termine saliendo de los fondos destinados a la Política Agraria Común (PAC), si bien el ministro de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Luis Planas, desmiente esa posibilidad.

Por otra parte, uno de los grandes temores de los agricultores españoles está en la competencia que tendrán de terceros países, donde no se contemplan ni mucho menos medidas ecológicas como las que implica la Ley de la Restauración de la Naturaleza. Esto, en opinión de los representantes de las organizaciones profesionales, supone otra piedra en el camino para el sector, que ya acarrea bastantes problemas para alcanzar la necesaria rentabilidad.