El campo malagueño pide flexibilidad para aplicar la reducción de la jornada

Las tres principales organizaciones agrarias de la provincia, Asaja, UPA y COAG, coinciden en que la normativa debe tener en cuenta singularidades como que el trabajo en el sector está sujeto a la estacionalidad, a factores como las condiciones climatológicas y de producción y a las características diferenciadores de las explotaciones (tradicionales e intensivas) y alertan de que habrá un incremento de los costes de producción.

Desde Asaja, su presidente en Málaga, Baldomero Bellido, denunció «la imposición» del Gobierno con este anteproyecto de ley por «no tener en cuenta las condiciones del campo» y que «se haya cargado» la negociación colectiva al no haberse tenido en cuenta la postura de los empresarios agrícolas.

«Se han roto los consensos», dijo en declaraciones a este periódico, al tiempo que confió en que fructifiquen las reuniones que la organización mantendrá a nivel nacional con los grupos parlamentarios para que se recojan las «particularidades» de la agricultura y la ganadería y que la normativa sea «menos lesiva».

Bellido sostuvo que la reducción de la jornada laboral supondrá un incremento de los costes de producción porque se necesitará más personal para realizar las mismas tareas por ejemplo en una explotación ganadera y añadió que vendrá a «complicar» la actual situación donde ya hay dificultades para encontrar mano de obra, especialmente cuando llegan las campañas y hay una gran producción.

Andrés Góngora, responsable de Relaciones Laborales de COAG, expuso que aunque están de acuerdo en «la mejora de las condiciones» de los trabajadores del campo advirtió de que se incrementarán los costes de producción por lo que «hay que exigir que ese aumento se vea compensado con un aumento de los precios que se recibe por nuestros productos».

Góngora insistió en que el trabajo en el campo tiene unas condiciones «peculiares» por lo que tiene que haber una «flexibilidad» para que la aplicación de la reducción de la jornada no suponga «alteraciones en la producción» y defendió que los convenios provinciales del campo son un elemento «esencial» en la estabilidad laboral y la negociación colectiva.

Por su parte, Francisco Moscoso, secretario general de UPA en Málaga, manifestó que esa reducción de la jornada debe ir acompañada de que haya un precio justo para el producto. «No hay ningún inconveniente en que se reduzca la jornada laboral siempre y cuando se valore el producto y no se pague por debajo de lo que cuesta producirlo», afirmó.

Moscoso incidió, asimismo, en la diferente repercusión que esta medida tendrá en las explotaciones tradicionales -que son las mayoritarias en la provincia y suelen ser familiares- y las que se dedican a la producción intensiva.