Condenan a Ancelotti a un año de cárcel por defraudar 386.000 euros

La Fiscalía llegó a pedir casi cinco años de cárcel en su escrito para el exfutbolista de 66 años. La condena a 12 meses de prisión, contra la que cabe recurso, no implicará su entrada obligatoria en el centro penitenciario: es inferior a los dos años, no tiene antecedentes penales y el Real Madrid ya pagó las deudas en su nombre: casi millón y medio de euros en total.

Ancelotti se sentó en el banquillo por la misma acusación que varias decenas de futbolistas en los últimos años: tributar el dinero de sus derechos de imagen a través de una sociedad para abonar menos impuestos. En su caso, fue acusado de usar un «complejo societario» para conseguir que en sus dos primeros años como técnico en el Real Madrid, entre 2014 y 2015, la declaración de su IRPF saliera a devolver omitiendo sus ingresos por derechos de imagen. En total, más de 1,5 millones que en esos dos años el club blanco pagó a través de una sociedad británica y no personalmente como rentas al entrenador.

Ese primer ejercicio de 2014, declara probado ahora por el tribunal, Ancelotti no rindió cuentas por los 1,2 millones que ingresó por derechos de imagen, dejando de pagar 386.000 euros por su IRPF, teniendo en cuenta que ese año Hacienda incluso le devolvió casi 40.000 euros. Las acusaciones en cambio sobre la operativa similar desplegada un año después no tienen reproche penal, explica la Audiencia Provincial en la sentencia, porque ese año ya no vivió todo el tiempo en Madrid: abandonó el país en mayo y posteriormente firmó con el Bayern.

El fallo dice que el técnico montó un «entramado de sociedades» para ceder sus derechos de imagen con un objetivo: «eludir el pago tributario» de esos ingresos. Durante el juicio, Ancelotti defendió no saber nada de esas empresas vacías que canalizaron sus ingresos, pero los magistrados destacan que firmó todos y cada uno de los documentos. «Participó en la redacción del contrato» y no incluyó sus ingresos por derechos de imagen «de forma intencionada».

Esas sociedades se constituyeron «con la finalidad de eludir el pago de los impuestos a los que venía obligado como persona física». Una de esas empresas estaba radicada en las Islas Vírgenes, un opción fiscal mucho más favorable que haber pagado el IRPF o el Impuesto de Sociedades en España.