El Gobierno inicia el proceso judicial para ilegalizar la Fundación Francisco Franco

Los trámites corren a cargo del Ministerio de Cultura, del que dependen las fundaciones y que ha sido encargado de elaborar el expediente de disolución de la Fundación. En concreto, el Ejecutivo señala que su actividad viola tres preceptos de la legislación al enaltecer a la dictadura y a la figura de Francisco Franco, carecer de un interés general y vulnerar la dignidad de las víctimas del golpe de estado de 1936. Según resumió el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, «existe un sistemático menosprecio a las historias de las víctimas, minimiza el sufrimiento y el dolor que sufrieron«.

La Fundación conocía desde hace años la intención del Gobierno de coalición, ante lo que realizó una modificación en sus estatutos a modo de blindaje legal para remarcar el «máximo respeto a las víctimas de cualquier significación del periodo histórico de España entre 1931 y 1977». Este cambio, no obstante, no resulta suficiente para el Ejecutivo que sigue adelante con su propósito de ilegalización.

Se abre ahora un periodo de diez días en los que la Fundación podrá presentar alegaciones, tal y como hará según adelantó el presidente de la entidad, el general retirado Juan Chicharro. «Se parte, de entrada, de un supuesto absolutamente falso, que contamina toda la resolución, porque parte de unos estatutos de esta fundación que están ya obsoletos», defendió Chicharro en referencia a los cambios que se introdujeron en 2024. El ex militar consideró además que el Gobierno usa la Fundación para «desviar la atención de sus problemas». «Francomodín», lo denominó Chicharro.

El PP coincide con el presidente de la Fundación en la intención oculta del Gobierno para distraer la atención de las investigaciones judiciales que pesan sobre el PSOE y el entorno de Pedro Sánchez. La portavoz en el Congreso de los populares, Ester Muñoz, no cree casualidad que «justo vuelvan a sacar el tema cuando estamos viendo lo que ha anunciado el Supremo de que no queda acreditado de dónde viene el dinero del PSOE para hacer pagos en metálico». El PP se asbtuvo cuando el Congreso debatió este ilegalización y considera de que en caso de materializarse debería extenderse la medida a «organizaciones que promueven el terrorismo o régimenes totalitarios».

Una vez presentadas las alegaciones se iniciarán los trámites judiciales que en caso de desembocar en una resolución de ilegalización en un plazo estimado de nueve meses llevaría a la extinción de la entidad y la liquidación de su patrimonio, cuyo valor sería destinado a fines sociales. Entre los bienes de la entidad destaca un extenso archivo en el que se recopilan 30.000 documentos personales de Franco y que los historiadores reclaman que se abran a la consulta pública.

El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, dio por hecho que los tribunales avalarán la posición del Gobierno. «Si 50 años después conseguimos que su fundación sea extinguida, sea disuelta, será una buena noticia para la democracia española», señaló.