Torremolinos ingresará un millón con la tasa de basura industrial para las viviendas turísticas

Una de las alternativas a un aumento global en Torremolinos de la tasa que ingresa el Ayuntamiento, desde el planteamiento de sus responsables políticos, está en ampliar el número de los que pagan por la generación de basura industrial, cuyo carga impositiva es más elevada que la doméstica. Estos contribuyentes que cambian de epígrafe son los propietarios de viviendas de uso turístico (VUT). En palabras del portavoz del equipo de Gobierno, Luis Rodríguez, «queda claro que la naturaleza de esta actividad es comercial».

De este modo, en el cómputo de esta recaudación, se logran unos 250.000 euros más al año. Además, en el estreno de esta medida, al permitir la legislación que esta tipo de decisiones tengan carácter retroactivo (en concreto, hasta un cuatrienio), según se aclaran desde Alcaldía, en este ejercicio, las arcas municipales ingresarán, aproximadamente, un millón más en concepto de basura industrial respecto a las anteriores recaudaciones.

Esto es posible gracias a las casi cinco mil viviendas turísticas dadas de alta en el municipio costasoleño. En octubre, IU-Podemos hizo sus propios cálculos sobre la actualización de la ordenanza que ya se barruntaba y estimó que a las VUT se les aplicará una subida media de 300 euros al año.

Para hacer frente a la «imposición del Gobierno central», como define el concejal de Hacienda, Miguel Quesada, la Ley 7/2022, también se toca el pago por basura industrial de los supermercados. En concreto, se finiquita la exención establecida para los establecimientos de más de 7.000 metros cuadrados de actividad y la eliminación de la superficie de aparcamientos como computable; el resultado son unos 70.000 euros más por campaña. Eso sí, está reglada la posibilidad de obtener una bonificación de hasta el 15% cuando haya convenios con entidades sociales del municipio para la gestión de los excedentes de alimentos, «de tal forma que se favorezca la economía circular y estos consumibles sean aprovechados antes de su caducidad».

El PP, al frente del Ayuntamiento de Torremolinos y que gobierna las administraciones locales en las que residen cerca del 90% de los 1,7 millones de malagueños, es muy crítico con la nueva norma que va a aplicarse en España para los residuos. El argumento es que Bruselas no ha dicho a cada miembro de la UE el modo de cambiar este impuesto y que ha sido el Gobierno de Pedro Sánchez el que ha decidido que sean los ayuntamientos las entidades que lo cobren.

La modificación de la ordenanza de la tasa de basura tendrá consecuencias directas sobre muchos vecinos, según denuncia el PSOE. Unos efectos que mide así: de abonar 43 euros por los residuos, estos hogares tendrán que hacer frente a un impuesto municipal de 131. Este cambio alcanzará, defienden, «a un 46% de las familias vulnerables». «Es muy grave que el equipo de Gobierno del PP diga públicamente que no va a ver incremento de la tasa, cuando es todo lo contrario, cuando afecta además de forma considerable a la población más necesitada», sostiene el secretario general socialista, Antonio Ruiz. «Quienes más tienen, pagarán lo mismo y quienes menos tienen, pagarán el triple», insiste.

«Esto es muy injusto», critica la portavoz del grupo municipal, Maribel Tocón, convencida de que hay vías para modular estos pagos. El Gobierno local de Torremolinos admite que, para adaptar la tasa municipal a los criterios que vienen de Madrid, efectivamente, será preciso alterar ciertas bonificaciones que antes podían tenerse en cuenta.

Esto es debido, defienden los responsables locales, a que el nuevo criterio fija que el pago reducido quede reservado para las familias que son consideradas vulnerables, conforme al umbral fijado por el Ayuntamiento (establecido en el anterior mandato, apuntan), por lo que quedan fuera unidades para las que antes sí podían aplicarse estos descuentos.