Lío con el mantenimiento de zonas verdes de Benalmádena tras anular el Supremo un contrato de 2022

Se trata de uno de los tres lotes en los que se dividió un contrato que también incluía el mantenimiento, por un lado, del Parque de la Paloma y, por otro, el de los parques infantiles y aparatos biosaludables. El importe del lote cuya adjudicación ha sido anulada alcanzaba los 15,18 millones de euros para los cuatro años de vida del contrato, mientras que el de los otros dos se situó en unos 2,8 y 1,12 millones de euros, respectivamente. A la licitación concurrieron hasta 16 empresas y la UTE formada por FCC Medio Ambiente y FFC Equal resultó adjudicataria de los dos lotes a los que se presentó, el de zonas verdes, ahora anulado, y el del Parque de la Paloma.

Con la sentencia del Supremo en la mano, el Ayuntamiento de Benalmádena ha procedido a adjudicar el contrato afectado a la UTE (Unión Temporal de Empresas) formada por Integra Mantenimiento, Gestión y Servicios Integrados, Centro Especial de Empleo, SL y Talher, SA, que son las mercantiles que llevaron el caso a los tribunales. La adjudicación, según han manifestado a SUR fuentes del Consistorio, abarcará únicamente el tiempo que queda de contrato, que finaliza en junio de 2026.

A partir de esa momento, la UTE sólo puede aspirar a la prórroga de un año que establecía el pliego, por lo que habrá perdido los tres años que han trascurrido de contrato, lo que abre la puerta a que Integra y Talher puedan presentar una reclamación de responsabilidad patrimonial ante los tribunales contra la administración local benalmadense. Ante este escenario, los servicios jurídicos del Ayuntamiento ya estudian el asunto ante el temor de que la sentencia del Supremo tenga «graves consecuencias» para las arcas municipales.

De momento, la UTE formada por Integra y Talher ya ha enviado la documentación al Ayuntamiento para formalizar el contrato y hacerse cargo del servicio, según han confirmado desde el Consistorio.

La adjudicación del contrato ahora anulado la decantó el voto de calidad del entonces edil de Parques y Jardines, el socialista, Joaquín Villazón, en su condición de presidente de la Mesa de Contratación, en contra del criterio de la secretaria del órgano y de la Intervención después de que se hubiera producido un empate entre siete empresas.

El criterio que se utilizó para desempatar fue computar a los trabajadores con discapacidad de las empresas. El pliego no contemplaba la manera de realizar este cómputo, y mientras Villazón consideró que el cómputo debía efectuarse en función del porcentaje de participación en la UTE de cada una de las empresas que la componían, la secretaria y el interventor consideraban que debía hacerse en términos globales teniendo en cuanta que la empresas que forman una UTE pueden variar su participación en la misma durante la vida de un contrato sin que la Administración ni tan siquiera intervenga. El TSJA, primero, y el Tribunal Supremo después han dado la razón a los funcionarios municipales de Benalmádena.