Un juez condena al Ayuntamiento de Benalmádena por la ocupación ilegal de un local privado
El Consistorio, acusado de temeridad y mala fe procesal, debe pagar más de 100.000 euros por ceder un inmueble que pertenece a un particular
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Málaga ha condenado al Ayuntamiento de Benalmádena a pagar más de 100.000 euros por la ... ocupación ilegal de un local privado. Los hechos se remontan a 2002, cuando un particular adquirió un establecimiento en una subasta pública. El inmueble no pudo ser ocupado de forma inmediata por su nuevo propietario y el Consistorio, sin consentimiento ni iniciar procedimiento de expropiación, cedió el local a una asociación sin ánimo de lucro. El dueño del establecimiento, a quien la Administración exigía el pago de los impuestos municipales pese a que el inmueble estaba siendo ocupado de forma ilegal, interpuso una denuncia que ahora se ha resuelto a favor del propietario.
El juez ha condenado al Ayuntamiento al pago de esta cantidad, fijada en función de los ingresos que el demandante habría dejado de percibir ante la imposibilidad de alquilar el local, más el reintegro de los impuestos relativos al período de ocupación ilegal y las cuotas de la comunidad de propietarios. Las arcas del Consistorio también tendrán que abonar los intereses legales y las costas procesales «por temeridad y mala fe», una cantidad que en total supera los 100.000 euros.
El demandante, asistido por el abogado Joaquín Fernández-Crehuet, inició un procedimiento de desahucio como paso previo a la interposición de la denuncia. Una sentencia de septiembre de 2012 obligaba al Ayuntamiento a desalojar el local, un lanzamiento que no se produjo hasta marzo de 2013. El juez considera que, por la ocupación ilegal, procede como indemnización la cantidad equivalente a la renta mensual más los daños sufridos en el inmueble. La sentencia, a la que este periódico ha tenido acceso, destaca que el Ayuntamiento, para mostrar su disconformidad, presentó «un escrito escueto y con una sola narración de hechos consistentes en una frase rituaria de oposición».
La defensa municipal se ha basado en que la ocupación había sido tolerada o consentida hasta 2009, un hecho que el juzgado subraya que no ha intentado ser probado por el Consistorio, que «se limitó a realizar dicha alegación» sin aportar prueba alguna: «Es por ello que el Ayuntamiento y su asistencia jurídica no demostraron la existencia de dicho consentimiento o tolerancia en cuanto a la ocupación del inmueble, que nunca negaron». La sentencia acepta como hecho probado que el Consistorio intentó suspender y dilatar de forma reiterada el pleito civil.
Procedimiento dilatado
La renta mensual calculada para el local asciende a 350 euros, importe que, multiplicado por todos los meses desde la fecha de adquisición hasta el desahucio y teniendo en cuenta las subidas del IPC, da como resultado 54.371 euros. A esta cantidad, además de los intereses y costas procesales, se suman los 11.172 euros en los que se valoraron los daños del inmueble por parte de un perito. La denuncia, por tanto, ha sido estimada de forma íntegra por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo.
La sentencia resulta especialmente llamativa en varios puntos. El juez reconoce que «causa sonrojo a este juzgador que la administración reconozca sin tapujos que venía ocupando un inmueble sin título alguno que los justificase, que se opusiera a su devolución forzando incluso un pleito y que, no contenta con eso, no colaborase en el abandono del mismo sino que forzara al demandante a acudir a una ejecución con desahucio». El documento también incide en que el procedimiento fue alargado de forma innecesaria por la defensa del Ayuntamiento, por lo que considera que hubo mala fe procesal y temeridad, y recuerda que la impugnación del recurso «vino consciente y voluntariamente huérfana de pruebas».
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