Imputan al exalcalde de Mijas Antonio Sánchez por irregularidades en los cursos de formación

En un atestado fechado el 27 de julio, al que ha tenido acceso Europa Press, la UCO recuerda que, dentro de las diligencias relacionadas con estos dos consorcios, ya detuvo en marzo en el marco de la operación 'Barrado' a siete personas, entre ellas a las exdirectoras generales de Formación Profesional para el Empleo de la Junta María José Lara y María Teresa Florido; al exdirector general de Empleabilidad y Formación Profesional Manuel Brenes y al exdirector general de Formación Profesional, Autónomos y Programas para el Empleo Andrés Sánchez.

"No obstante, prosiguiendo la línea de investigación ya marcada, durante el pasado 15 y 16 de julio se acordó tomar declaración en calidad de imputados como presuntos autores de los delitos de prevaricación y contra la Hacienda Pública --fraude de subvenciones--" al alcalde de Hinojos, a los exalcaldes de Aznalcázar y Mijas y a Cristina Guerrero Moreno como directora del Observatorio de los Recursos Humanos del Sector Turístico de Andalucía.

La Guardia Civil explica que este último es un órgano de concertación social integrado por la Junta, CCOO-A, UGT-A y CEA, que "recibió 301.695,75 euros procedentes de las subvenciones de 2008 y 2009, a pesar de no tener ninguna relación jurídico administrativa con el Consorcio y por tanto no pudiendo ser receptor de ese dinero", tal y como se expone en los informes elaborados por el director general de Formación para el Empleo y por la Cámara de Cuentas y en la manifestación del responsable de administración del Ciomijas.

Por consiguiente, la UCO asevera que la directora de dicho organismo "recibió y utilizó fondos de formación que no le correspondían para llevar a cabo determinadas actividades en el Observatorio".

Respecto al exalcalde de Mijas, los agentes señalan que, como vicepresidente del Consejo General del Ciomijas entre 2007 y junio de 2011, "le corresponden las funciones del presidente en su ausencia, enfermedad o situación que le imposibilite", según el artículo 12 de los Estatutos del Ciomijas.

En este punto, añade que, "aunque la parte en la que participa el Ayuntamiento es minoritaria, pues se corresponde con el 20 por ciento frente al 80 de la Junta, ello no exime a su representante máximo de tener que cumplir con las funciones que por los Estatutos le vienen atribuidas", por lo que "debería tener conocimiento de cuantos datos y circunstancias conociera el presidente, pues es el segundo en responsabilidad del Consejo Rector y participa por lo tanto en las decisiones del mismo".

Seguidamente, analiza los casos de Dolores Escalona, exalcaldesa de Aznalcázar y vicepresidenta del Consejo Rector de Formades entre enero de 2008 y octubre de 2010, y de Miguel Ángel Curiel, alcalde de Hinojos y vicepresidente del Consejo Rector de Formades desde octubre de 2011 hasta su disolución.

"No participaron muy activamente en el consorcio"

De este modo, afirma que, "aunque la participación de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Doñana es minoritaria, pues es de un 10 por ciento frente a un 90 por ciento de la Junta, ello no exime a su representante de tener que cumplir con las funciones que los Estatutos le tienen atribuidas, que no son otras que las mismas que las del presidente en ausencia, enfermedad o situación que imposibilite a éste y aquellas otras que le sean delegadas".

"Es por ello que debía tener conocimiento de cuantos datos y circunstancias conociera el presidente, pues es el segundo en responsabilidad del Consejo Rector, aunque de las manifestaciones tomadas se desprende que, probablemente, no participaron muy activamente en el consorcio", asevera la UCO, que reseña que tanto Miguel Ángel Curiel como Cristina Guerrero sí prestaron declaración, mientras que los otros dos imputados se acogieron a su derecho a no hacerlo.

Los agentes destacan que, del análisis de lo declarado por el alcalde de Hinojos, se desprende que "tuvo conocimiento que era vicepresidente de Formades tras leer los estatutos de la Mancomunidad de Municipios de Doñana" y que "tan sólo asistió a dos reuniones del Consejo Rector, la primera con ocasión de la destitución de la directora gerente Ana Orihuela (diciembre 2011), mientras que en la segunda se trató la disolución del Consorcio (marzo 2014)".

Asimismo, y "como quiera que la Mancomunidad de Municipios no tenía actividad ni estructura, él nunca se vio vinculado a Formades ni realizó funciones en el Consorcio", mientras que "las únicas irregularidades que conoce concernientes al Consorcio son las que han sido publicadas en prensa".

De igual modo, de la declaración de Cristina Guerrero se desprende que "dependía jerárquicamente del director del Consorcio Ciomijas" y que "en un principio ella era la única trabajadora del Observatorio, pero que transcurrido un tiempo se contrató a un técnico y a un administrativo que pagaba el Consorcio", así como que "la financiación para los estudios y funcionamiento del Observatorio se realizaba a través de los fondos del Ciomijas, teniendo que ser aprobados todos los gastos referentes al Observatorio por el director gerente del Consorcio".