Vecinos rechazan la instalación de un surtidor de gasolina en Sayalonga

Así, un grupo de alrededor de medio centenar de residentes –los que habitan las viviendas más próximas a la sede de la cooperativa agrícola–, llevan más de dos años planteando recursos y alegaciones a los distintos trámites que ha ido llevando a cabo el Ayuntamiento, gobernado por el PP con mayoría absoluta. Sin embargo, todos sus escritos han sido rechazados y el proyecto cuenta desde principios de este mes con la correspondiente licencia de obras, tras conseguir el visto bueno favorable de los diferentes organismos de la Junta implicados en su tramitación.

«Es un proyecto en el que llevan trabajando varios años los responsables de la cooperativa, de la que forman parte más de 300 vecinos, y en el que desde el Ayuntamiento hemos ido dando todos los pasos legales que exigen las diferentes normativas», defendió a SUR el alcalde, Antonio Pérez (PP), quien explicó que los distintos informes de Carreteras, Medio Ambiente y Salud de la Administración andaluza han sido favorables, «por lo que a nosotros, como equipo de gobierno, no nos queda más remedio que otorgar la licencia», apostilló, «si no iríamos en contra de la normativa», insistió. El regidor admitió que puede entender la preocupación de los vecinos, pero les pidió «calma y tranquilidad, porque el proyecto cumple con todos los requisitos legales».

Sin embargo, estas declaraciones no convencen a los vecinos, que han contado, en todo momento, con el respaldo del grupo municipal de IU en la oposición. «En la cooperativa de Cómpeta se montó un surtidor, pero no está en mitad del pueblo, aquí a apenas diez metros hay 50 vecinos, y en un radio de un kilómetro están el resto, a menos de 200 metros está el colegio y el consultorio», apuntó uno de los residentes, que prefirió no desvelar su identidad. Según denuncian estos residentes, el Ayuntamiento «está incumpliendo los trámites, porque los han publicado en el Boletín Oficial de la Provincia para que nadie se entere y no se pueda alegar».

«Puede ser legal pero es una actitud poco democrática», añadió. «El Ayuntamiento antepone el negocio a la salud», agregó. Los vecinos contrarios al surtidor han pedido un informe a la Agrupación Andaluza de Vendedores al Por Menor de Carburantes y Combustibles (AGAVECAR), en el que esta entidad alerta de varios incumplimientos legales del proyecto. «Vamos a interponer un contencioso administrativo contra la licencia», manifestaron los vecinos.

Las obras constarán unos 90.000 euros y están previstas sobre una superficie de 289,46 metros cuadrados. Aún no han comenzado, pues están pendientes de que se terminen unas actuaciones en una calle cercana que está llevando a cabo el Consistorio.