La jueza reclama una fianza de 885.000 euros al dueño de la finca donde murió Julen cara al juicio

El cálculo de la fianza está basado en el perjuicio económico para la Junta, que cifró las obras en 663.982 euros. /SUR
El cálculo de la fianza está basado en el perjuicio económico para la Junta, que cifró las obras en 663.982 euros. / SUR

La magistrada dicta el auto de apertura de la vista oral y fija la suma en relación al coste de la obra del rescate sin que se haya calculado la indemnización que podría corresponder a los padres

JUAN CANO y ALVARO FRÍASMálaga

El dueño de la finca de Totalán donde murió el pequeño Julen irá a juicio acusado de un presunto delito de homicidio por imprudencia. Así lo ha acordado la titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Málaga, que ha dirigido la investigación del caso, quien además reclama a David Serrano que deposite una fianza de 885.310 euros para responder de las posibles indemnizaciones que, en el supuesto de ser condenado, tuviera que abonar. 

La magistrada, en un auto que está fechado el 12 de septiembre, recuerda que las acusaciones han pedido penas de prisión para el propietario de la parcela y, dado que a su juicio existen indicios de criminalidad –tal y como reflejó en su resolución del pasado julio–, decreta la apertura de juicio oral contra David Serrano. Dado que las condenas solicitadas no exceden los cinco años de cárcel, será un juzgado de lo Penal, y no la Audiencia, quien lo juzgue.

La jueza recoge en el auto las penas propuestas por la Fiscalía, que solicita una condena de tres años de cárcel, y también por la acusación particular, que ejercen los padres, y que añade seis meses más a la petición del Ministerio Público argumentando que la supuesta negligencia cometida por Serrano es, a su juicio, «extremadamente grave».

«Obra de ingeniería civil»

Las acusaciones no han solicitado por ahora indemnización para los padres por la muerte del menor, aplazando esa posible responsabilidad civil a la cantidad que se determine en ejecución de sentencia. En cambio, la Junta de Andalucía sí ha tasado ya, como le pidió el juzgado, los gastos derivados del operativo de rescate y, más concretamente, de la «obra de ingeniería civil» realizada para perforar una galería paralela al pozo al que cayó el niño y que permitiera llegar hasta él, como así ocurrió al cabo de 13 días, cuando se rescató su cuerpo sin vida.

El Gobierno autonómico estimó el coste de los trabajos en la suma de 663.982,45 euros. En el auto de apertura del juicio oral, la jueza calcula la fianza en base a esta cifra, que es la única que por el momento se ha solicitado, y que se ha incrementado un tercio tal y como establece el artículo 589 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. De ese cálculo sale la cantidad de 885.310 euros que la magistrada pide a David Serrano para responder de la responsabilidad civil que pudiera corresponderle si resulta condenado. La jueza le da al dueño de la finca el plazo de un día, a partir de que se le notifique personalmente la resolución, para que deposite dicha fianza y le apercibe de que, en el caso de no abonarla, «se le embargarán bienes en cantidad suficiente para asegurar la suma señalada», que –advierte la magistrada– no es definitiva dado que las acusaciones no han fijado cuantía de una posible indemnización por la muerte del menor.

La jueza le da el plazo de un día para que deposite la fianza y, en caso de no hacerlo, le advierte de que embargará sus bienes

Con este trámite, se da por cerrada la instrucción tras el auto por el que se declara el procedimiento abreviado y se remite la causa a juicio al considerar que existirían indicios de un presunto delito de homicidio por imprudencia. Ahora, será el juzgado de lo Penal que por turno corresponda el encargado de señalar la fecha del mismo.

La jueza, que mantiene la situación procesal del acusado, investigado por el mencionado delito, le da un plazo de 10 días a Serrano para que formule escrito de conformidad o disconformidad con la acusación, en el que puede proponer todas las pruebas que considere necesarias para su defensa.

En otro auto, fechado el mismo día que el anterior, la magistrada rechaza la solicitud realizada por la Fiscalía para declarar la complejidad de la causa, a la que se adhirió también la defensa de David Serrano, lo que hubiera ampliado el plazo de seis a 18 meses (es decir, un año más). La solicitud la hizo el Ministerio Público el pasado junio al acercarse la finalización del plazo de seis meses sin que la Guardia Civil hubiera remitido el informe del análisis del tapón de tierra hallado sobre el niño, que impidió a los efectivos de rescate llegar hasta él desde el pozo al que cayó. En su resolución, considera que no hay motivo para ampliar el plazo de la instrucción –el informe del tapón llegó al juzgado días después de esta solicitud– ya que entiende que todas las diligencias ya han sido practicadas.

La jueza, en esas fechas, dictó auto de procedimiento abreviado, dando por cerrada la instrucción, en el que hacía un relato pormenorizado de lo que –a su juicio– habría ocurrido, a tenor de lo investigado hasta ese momento. La magistrada recordaba en aquella resolución que David adquirió la finca en octubre de 2018 y que, para obtener agua en el paraje, contrató de forma verbal al pocero Antonio Sánchez.

Durante los días 17 y 18 de diciembre realizó una primera perforación y una segunda de unos 110 metros de profundidad en la explanada del terreno. Sin embargo, al no encontrar agua en la segunda, se sacó el tubo metálico empleado para su ejecución y se colocó una piedra encima del pozo para cerrarlo. Tras la intervención del pocero, los trabajos en la finca continuaron –según explicó la jueza en su auto de procedimiento abreviado– con la ejecución de una zanja en forma de 'L' para hacer un muro de contención. Esta se ejecutó el 5 de enero, quedando al final del foso el pozo en el que no se encontró agua.

Aquel día, David dejó de nuevo tapada la apertura de la prospección con una piedra, según el auto. Al respecto, la magistrada explicó que el dueño de la finca regresó pasados unos días a los terrenos para realizar unas mediciones, momento en el que dejó al descubierto el agujero del pozo y se marchó de la zona.

Día de campo

No volvería a ella hasta el 13 de enero, día en el que tuvo lugar el trágico suceso. David acudió a la finca con su esposa, Adriana Jiménez, y su hija menor, así como con Julen y sus padres, Victoria García y José Roselló. La idea era pasar un día de campo y hacer un arroz en los terrenos de Totalán.

Cuando llegaron a la finca, David y José dieron un paseo para conocer las inmediaciones del terreno y se dispusieron a preparar el fuego para la comida, mientras que sus parejas se quedaron a cargo de los menores en la explanada en la que iban a comer. Tras advertirle a José de que vigilara Julen porque iba a llamar al trabajo, Victoria se separó unos metros del grupo. Con Adriana a unos 2,5 metros del pozo, y José y David preparando el fuego, Julen se introdujo en la zanja y empezó a correr en dirección a la boca de la prospección.

La jueza detalló el instante en el que Julen cayó al pozo. Alertada por la situación, Adriana comenzó a gritar el nombre del menor, mientras José, que reaccionó inmediatamente, corrió tras su hijo para intentar darle alcance, pero no lo consiguió. Comenzaba tras ello el mayor rescate en la historia de España. Se desplegaron numerosas personas, así como equipos de especialistas y maquinaria.

Las tareas se prolongaron hasta el 26 de enero, cuando a las 03.29 horas de la madrugada se consiguió rescatar el cuerpo de Julen. La autopsia dictaminó que había fallecido por un traumatismo al precipitarse por el pozo.

Según la jueza, todos los indicios apuntan a David como responsable de lo ocurrido. La magistrada indica que, cuando el propietario de los terrenos llegó a la finca con sus amigos aquel 13 de enero, el pozo por el que cayó Julen estaba al descubierto y sin estar protegido con las suficientes medidas de seguridad.

Además, apunta que, a sabiendas de ello, no adoptó ninguna medida para evitar cualquier resultado lesivo de las personas que allí estaban. La jueza insistió en que tampoco ha quedado justificado que David alertara de la existencia de un pozo, cuya visualización era difícil. El acusado, en cambio, mantiene que sí lo hizo.