El fiscal pide cinco años de prisión para el propietario de un matadero clandestino

En su escrito de acusación, el fiscal solicita para el dueño del matadero clandestino cinco años de prisión, tres por un delito contra la salud pública y dos por un presunto delito de falsedad en documento mercantil. Asimismo reclama inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, veinte meses de multa -diez por cada uno de los delitos- con cuota diaria de 10 euros y otros cinco años de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión.

Según la Fiscalía, en el desarrollo de la actividad se incumplían las normas previstas, tanto en la sala de sacrificio, como en las cámaras de refrigeración y en la acreditación de origen de los animales que iban a ser sacrificados. Entre las numerosas deficiencias higiénicas detectadas en las instalaciones, el Fiscal menciona en su escrito de acusación la presencia incluso de perros y gastos deambulando por las dependencias, restos de sangre, heces y orina y falta de control en la refrigeración. A juicio del fiscal, ello hacía que «las carnes así obtenidas tuvieran riesgos importantes para la salud pública».

Asimismo, señala que a pesar de tener conocimiento de los peligros para la salud pública que suponía el suministro de las carnes, el acusado procedió a vender los productos a restaurantes de la Axarquía, así como a particulares, en el matadero o a través de una carnicería de su propiedad en el mercado municipal.

Según la Fiscalía, para dar falsa impresión de que las carnes procedían de animales sanos, producidos bajo una condiciones ganaderas controladas que cumplían todas las garantías higiénico sanitarias y de inspección veterinaria, «estampaba en las mismas un sello fabricado por él, y que era una falsificación del original».

Sobre el segundo acusado, el Ministerio Fiscal dice que era «plenamente conocedor» de las circunstancias descritas, por lo que solicita para el mismo tres años de prisión, inhabilitación especial para el ejercicio de derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, 16 meses de multa con una cuota de diez euros y cuatro años de inhabilitación para el ejercicio de su profesión.