Vox cumple su amenaza y tumba en un día la ley del suelo y la reforma de la ley de salud pública

La primera suponía una reforma urgente de la norma para que el Gobierno andaluz pudiera contar con un instrumento legal para decretar el confinamiento perimetral de municipios afectados por una alta tasa de incidencia del virus. Para salir adelante por el trámite urgente de lectura única requería apoyo unánime. El resto de los grupos prestó su apoyo en virtud de la urgencia obligada por la pandemia, pero Vox lo negó. El texto no pudo siquiera ser sometido a la consideración del pleno.

De esta manera, la Junta seguirá a expensas de las decisiones que puedan adoptar en cada caso las dos salas de lo Contencioso Administrativo del TSJA, con sedes en Granada y Sevilla, respectivamente, que hasta ahora se han pronunciado de manera contradictoria sobre los cierres perimetrales.

La segunda ley, de más largo alcance, suponía la derogación de las leyes que rigen actualmente la ordenación urbanística (LOUA) y la ordenación territorial (LOTA). Esta ley estaba considerada por la Junta un elemento fundamental para la reactivación económica de la Comunidad en el escenario inmediatamente posterior a la pandemia.

En este segundo caso, además, el varapalo para el gobierno andaluz ha sido, por lo inesperado, más duro. La LISTA contaba en principio con el respaldo de sus hasta ayer socios parlamentarios y se enfrentaba solamente a una enmienda a la totalidad del grupo parlamentario de Adelante Andalucía, ya que el PSOE, grupo más numeroso de la Cámara y principal de la oposición, no la había presentado y tampoco había anunciado que la respaldaría.

Por ese motivo, hasta ayer por la mañana en el Grupo Popular consideraban que se iba a tratar de un mero trámite. Fuentes de esa formación aseguraron que, según la información que le habían trasladado los otros grupos, Vox iba a votar en contra de la enmienda a la totalidad y el PSOE se iba a abstener.

Sin embargo, en las horas previas a la votación todo cambió. Vox, cuyo centro de decisión está en Madrid, consideró que era la oportunidad de darle credibilidad al enésimo órdago lanzado al Gobierno andaluz, esta vez por la decisión de acoger a 13 niños no acompañados procedentes de Ceuta. El PSOE, por su parte, optó por dejar clara la debilidad parlamentaria del Gobierno andaluz. Ambas formaciones cambiaron el sentido del voto. Los socialistas viraron de la abstención al voto en contra y el partido de Abascal, del voto a favor a la abstención.

Según el portavoz socialista, José Fiscal, la norma suponía «una vuelta al urbanismo salvaje y la especulación». La enmienda a la totalidad presentada por Adelante Andalucía, grupo que tras la ruptura con Anticapitalistas cuenta sólo con seis diputados, salió adelante con 50 votos a favor, 43 en contra y las 11 abstenciones de Vox.

En el Partido Popular ya hablan de una nueva versión de la pinza, la situación creada entre 1994 y 1996, cuando el PSOE quedó en minoría y el propio PP e Izquierda Unida se pusieron de acuerdo en varias votaciones en las que derrotaron a los socialistas, que gobernaban en solitario. Aquella legislatura sólo duró 20 meses.

En el Gobierno andaluz ha reaccionado al envite de Vox descartando que la nueva situación parlamentaria que se puede plantear a partir de ahora vaya a llevar a un adelanto electoral.

Fuentes del Ejecutivo sostienen que el calendario fijado no se va a alterar y que se seguirán presentando leyes y otras iniciativas en el Parlamento. El portavoz del Grupo Popular, José Antonio Nieto, advirtió además de que Vox tendrá muy difícil explicar a su electorado esta confluencia con la izquierda para tumbar iniciativas dirigidas a la reactivación económica de la Comunidad.

En el mismo sentido se expresó el vicepresidente y líder de Ciudadanos, Juan Marín, que aseguró que «este gobierno va a seguir trayendo decretos y leyes al Parlamento aunque no salgan adelante».

Asimismo, la consejera de Fomento y Ordenación del Territorio, Marifran Carazo, se manifestó muy decepcionada por el resultado de la votación, que echa por tierra el trabajo de más de dos años y que tumba una ley que, sostiene, contaba con un fuerte respaldo social. Carazo aseguró que el texto se había consensuado con Vox y que las aportaciones realizadas por esta formación estaban incorporadas.

Adelantó que la norma volverá a llevarse al Parlamento cuando las circunstancias lo permitan, ya que, en su opinión, se trata de una ley imprescindible para reactivar la economía y sacar de la parálisis urbanística a numerosos municipios andaluces.