La sintonía de PP y Vox para elegir al Defensor del Pueblo supera la primera prueba

La tradición, durante los años de gobiernos socialistas, mandaba que este nombramiento, que requiere de una mayoría cualificada de tres quintos del Parlamento, se alcanzara con una propuesta del partido mayoritario (el PSOE durante la mayor parte del periodo 1982-2018) respaldada por el primer partido de la oposición. Sin embargo, la situación ha cambiado tras la llegada de Juanma Moreno a la presidencia de la Junta, que prácticamente coincidió en el tiempo con la consolidación de Pedro Sánchez en el liderazgo del PSOE. La lógica que dio lugar a la elección en tres ocasiones de José Chamizo y de Jesús Maeztu ya no funciona.

El vuelco político en Andalucía ha coincidido con la época de mayor polarización de la política española y en estas circunstancias, la posibilidad de que las fuerzas mayoritarias alcancen un consenso es una quimera. En el PP lamentan que el PSOE no acepte ahora la fórmula utilizada durante 37 años -el partido que gobierna propone y el principal grupo de la oposición apoya- y aseguran que la estrategia socialista es la de empujarlos a pactar con Vox para conformar la imagen de que ambas fuerzas confluyen en políticas de extrema derecha. Los socialistas sostienen que el PP hace un uso arrollador de la mayoría absoluta con la seguridad que le proporciona el colchón de apoyos que le garantiza Vox. En el caso del Defensor del Pueblo, además, sostienen que los populares han intentado engañarlos con una candidata, Rosario García Palacios, que presentaron como independiente pero que integró en 2015 la lista del PP en las elecciones municipales de Cádiz. García Palacios formó parte de la candidatura en calidad de independiente.

Con un acuerdo con el PSOE situado en el terreno de lo imposible, el PP consiguió este miércoles sacar adelante el nombramiento del magistrado cordobés Francisco de Paula Sánchez Zamorano como nuevo director de la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción (OAAF) con el apoyo de Vox y la abstención del resto de los grupos. Aunque ello invitaría a avanzar que dentro de dos semanas, cuando se vote al Defensor del Pueblo, también conseguirá hacerlo con Rosario García, la conclusión es prematura.

Para el director de la oficina antifraude se necesitan tres quintos de los votos, lo que sólo se alcanza con la suma de PP-PSOE o PP-Vox, pero en segunda votación alcanzaba con la mayoría absoluta, por lo que el PP tenía garantizado el nombramiento. Para el Defensor del Pueblo no existe esa posibilidad, es imprescindible llegar a los tres quintos.

En el PP aseguran que el nombre de García Palacios ha sido negociado con Vox. «En estos años el señor Gavira (portavoz de Vox) siempre ha cumplido su palabra y mientras no demuestre lo contrario lo voy a seguir manteniendo», dijo este miércoles el portavoz popular, Toni Martín. Sin embargo, Manuel Gavira niega que exista acuerdo alguno y sostiene que se enteró de la propuesta del PP cuando el nombre de Rosario García fue presentada en el Registro del Parlamento. «Son como como el dúo Pimpinela», terció la socialista Ángeles Férriz para acusar a ambos partidos de estar escenificando una farsa cuando en realidad ya está todo pactado.

La principal dificultad puede radicar en la falta de autonomía del grupo parlamentario de Vox, cuyas decisiones están sometidas indefectiblemente al refrendo de la dirección nacional de la formación. Rosario López es presidenta en Cádiz de Cruz Roja, institución cuya actuación en relación con la atención y acogida a los inmigrantes en esa provincia es reprobada por Vox. Por ese motivo, el PP puede encontrarse dentro de dos semanas con que no suma los votos suficientes para reemplazar en el cargo a Jesús Maeztu, que tiene ya 82 años.