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Andalucía cuenta actualmente con 1.041 plazas de jueces y magistrados y necesitaría al menos un centenar más para que la justicia funcionara razonablemente. Esa ... es la estimación que hace el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, que este martes entregó al presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, la memoria de la institución que preside y compareció en comisión parlamentaria.
El panorama es especialmente preocupante en el ámbito de la violencia contra las mujeres. Del Río subrayó la necesidad de mejorar la dotación judicial en ese campo, ya que a partir de octubre se van a ampliar competencias sobre violencia sexual. «Es una materia que se nos puede ir de las manos como no estemos precisamente muy encima en creaciones de plazas», avisó.
Estos cambios traerá aparejado un incremento de la carga de trabajo, que estima de entre un 12 y un 20 por ciento, por lo que será necesario aumentar las plazas en algunas demarcaciones y apuntar a la especialización o la agrupación de partidos judiciales.
«La entrada en vigor de esas nuevas competencias, quizá obligue a crear secciones especializadas de violencia sobre la mujer», dijo el presidente del TSJA, que ve conveniente que en todas las capitales de provincias de Andalucía se unifique. Advirtió en ese sentido de que hay muchos casos de jueces que compatibilizan las funciones civiles, penales, de familia, con violencia.
Han sido algunos de los mensajes que ha ofrecido el presidente del Tribunal Superior de Andalucía, Ceuta y Melilla durante su comparecencia parlamentaria en comisión para presentar la memoria de este órgano judicial del ejercicio 2024.
Del Río ha sostenido que en los casos de violencia contra la mujer «ni han bajado la guardia ni han escatimado esfuerzos para evitar esos resultados fatales», antes de apuntar que el pasado año se contabilizaron diez víctimas mortales y que de ellas tan solo una víctima contaba con orden de protección.
El presidente del TSJA ha explicado que se contabilizaron más de 40.000 denuncias en materia de violencia machista, una cifra similar al del ejercicio anterior y se dictaron casi 10.000 órdenes de protección. Subrayó por eso que el sistema judicial intenta estar siempre y actuar con intensidad en relación a este tema.
En cuanto a los números globales, explicó que se registraron más de 1,4 millones de asuntos en 2024, cifra que supone un aumento del 5 por ciento sobre 2023.
En el orden jurisdiccional social el incremento ha sido de un 16 por ciento, aunque en algunas salas se ha podido llegar a duplicar esa litigiosidad, mientras que en el orden civil el aumento ha sido de un 8 por ciento
Los procedimientos penales representan la mitad de los asuntos abordados en los órganos judiciales andaluces y los asuntos pendientes de resolver han aumentado un 67% en la década transcurrida entre 2014 y 2024.
Apuntó que desde 2017 todos los años aumenta la carga de trabajo en los tribunales sin que en paralelo haya más recursos humanos para hacer frente a ese aumento de la litigiosidad.
Del Río defendió también la necesidad de que se incremente el número de juzgados y de jueces en partidos de la Costa del Sol y la zona del Campo de Gibraltar ante el aumento de la «criminalidad violenta».
Según el presidente del alto tribunal andaluz, está claro que en esos puntos de las provincias de Cádiz y Málaga «ha aumentado la delincuencia, la criminalidad violenta», como se está viendo con «los delitos contra la vida» y «los asesinatos que se están produciendo», así como con «las organizaciones criminales y todo lo relacionado con el tráfico de drogas también». Por ese motivo, entiende que hay juzgados insuficientes en la Costa del Sol.
Las consejerías de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad y de Justicia, Administración Local y Función Pública junto a la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Andalucía, Ceuta y Melilla han firmado un protocolo para la cooperación en materia de formación en violencia de género dirigida a las y los fiscales andaluces.
Los consejeros Loles López y José Antonio Nieto y la fiscal superior, Ana Tárrago, rubricaron este martes este acuerdo que tiene como objetivo «reforzar la coordinación entre las instituciones y avanzar en la atención a las víctimas», tal y como detallan ambas Consejerías.
El documento establece la organización por parte de la Junta de una formación periódica para los miembros de la carrera fiscal que desarrollen sus funciones en las secciones contra la violencia sobre la mujer o en cualquier órgano jurisdiccional especialista en dicha violencia.
El protocolo, que tiene una duración de cuatro años e incluye la creación de una comisión de seguimiento para la valoración de su desarrollo, establece la puesta en marcha de una programación anual de formación para fiscales, con el objetivo de «reforzar sus conocimientos y herramientas para abordar con sensibilidad y eficacia los casos de violencia de género».
A este respecto, López ha subrayado que «este protocolo está cargo de sensibilidad y responsabilidad y tiene el objetivo común de alcanzar la verdadera igualdad». «Hoy hablamos de violencia de género es la expresión más grave de la desigualdad y afecta a toda la sociedad», ha apuntado.
La consejera, que ha agradecido al consejero de Justicia y a la fiscal superior su implicación, ha reconocido la capacidad y formación de las y los fiscales andaluces, pero ha subrayado la importancia de «seguir trabajando desde la unidad, de seguir dando pasos adelante y de seguir tejiendo una red de apoyo a las mujeres».
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