El presidente de la Diputación de Almería presenta su renuncia tras quedar en libertad provisional

La decisión de la renuncia la tomó el que ha sido presidente de la institución en los últimos seis años «desde el convencimiento de su inocencia y la libertad de que este paso al frente facilitará la vuelta a la normalidad de la actividad institucional, así como del desarrollo que la provincia ha experimentado en estos años», señaló la Diputación de Almería en un comunicado remitido a los medios a primera hora.

En esta nueva etapa, Javier Aureliano García «se centrará en su defensa y en dem ostrar su inocencia», después de que el Juzgado de Instrucción número 1 de Almería acordase este pasado jueves su puesta en libertad con medidas cautelares tras prestar declaración judicial en la segunda fase del caso 'Mascarillas', que investiga el presunto cobro de 'mordidas' a través de contratos irregulares efectuados a través de la institución provincial. Esta decisión la llevará a efecto «alejado del servicio público y desde el convencimiento de su compromiso y entrega en la gestión a la que ha dedicado toda su vida profesional».

García Molina «deja un legado en Almería de proyectos transformadores que han situado a la provincia como referente en ámbitos tan diversos como la lucha contra la despoblación, el turismo, la cultura, el patrimonio, la agroalimentación, así como el nacimiento de marcas provinciales que difunden la imagen y el talento almeriense por el mundo», aseguró la institución provincial.

Paralelamente, también presentó de forma oficial su renuncia Fernando Giménez como diputado provincial. Giménez deja sus responsabilidades en la institución al frente de áreas «que han sido claves en los últimos años y que han consolidado la proyección de la marca turística de la provincia, así como la recuperación y defensa de proyectos claves para el patrimonio almeriense», insistieron ayer desde el órgano supramunicipal.

La crisis del Partido Popular en Almería -que ha trascendido al ámbito nacional- se desató el martes a primera hora de la mañana, cuando agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil arrestaron al entonces presidente de la Diputación por su presunta implicación en delitos de «cohecho, malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y corrupción» en contrataciones públicas. A su vez, también fueron arrestados el vicepresidente Fernando Giménez; el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez, junto al hijo de este y a un técnico del área de Fomento por haber participado en las presuntas 'mordidas'.

A los arrestos se sumaron los registros simultáneos tanto en dependencias como en viviendas que revolucionaron a toda una provincia. La UCO recogió todo tipo de pruebas que les permita a los propios investigadores ampliar sus pesquisas y entregar al juez instructor las muestras sobre los diferentes implicados en la causa.

Tras 48 horas en dependencias policiales de la Comandancia de la Guardia Civil de Almería, los cinco arrestados fueron derivados al Juzgado de Instrucción número 1 de Almería para prestar declaración en una jornada extensa que permitió al juez instructor, Eduardo Martínez, dejar a los implicados en libertad con medidas cautelares.

Tendrán que ir cada dos semanas al juez y no podrán salir del país. Decisión judicial adoptada al no apreciar riesgo de fuga ni destrucción de pruebas.

El alcalde de Fines salió a pie de la Ciudad de la Justicia y aseguró que «no es momento de hablar». Por su parte, García tuvo una declaración «muy rápida», según su abogado, y Giménez se mostró «entero y declaró todo lo necesario».