El Parlamento da vía libre a la ley que consagra el derecho a la participación institucional de patronal y sindicatos

Con la toma en consideración de esta norma-que salió adelante por 92 votos a favor y 14 en contra- comienza la tramitación de la ley, con cuya aprobación Andalucía dejará de ser la única comunidad autónoma que aún no cuenta con un instrumento legislativo de este tipo. El diputado del PP Pablo Venzal subrayó en su intervención, con la que se cerró el debate, que Andalucía dará cumplimiento de esta manera a un mandato constitucional. Esta figura también está prevista en el Estatuto de Autonomía de Andalucía, en la Ley Orgánica de Libertad Sindical y en el Estatuto de los Trabajadores.

La tramitación de esta norma, que da rango de ley al diálogo social, fue consensuada el pasado julio en un acuerdo firmado por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, el presidente de la CEA, Javier González de Lara, y los secretarios generales de CCOO y UGT en Andalucía, Nuria López y Oskar Martín, respectivamente.

En su intervención, el portavoz del Grupo Popular, Toni Martín, señaló que el Gobierno andaluz ha asumido este compromiso no sólo porque está en la Constitución, sino también por convicción y recordó que desde que Juanma Moreno es presidente la Junta ha firmado cuatro acuerdos con los agentes sociales que han supuesto la movilización de 10.000 millones de euros. «Es una Administración que gobierna para la mayoría social», afirmó.

El portavoz popular lamentó que el diálogo social que está teniendo lugar en Andalucía no tenga su correlato en el diálogo político y que la comunidad no haya conseguido mantenerse al margen de la crispación política nacional, por lo que pidió a los grupos de la oposición «que aprendan de los agentes sociales».

La socialista Irene García recordó que fue un gobierno socialista en la Junta el que dio carácter estatutario a la concertación social y advirtió al PP de que no utilice la tramitación de la ley para ir en contra del PSOE «porque se van a dar de bruces».

Tras cuestionar si el PP ha llevado esta ley a la Cámara por convencimiento o por conveniencia política, aseguró que su grupo se tomará muy en serio la tramitación y no permitirá que se convierta en una ley de coyuntura.

También criticó que el Partido Popular se erija ahora en valedor de un modelo de concertación pese a que el texto aprobado supone una enmienda a la totalidad de todo lo que el Partido Popular pregonaba cuando estaba en la oposición. «Nos alegra el volantazo», ironizó.

La portavoz de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, aseguró que su grupo se va a implicar en la mejora de la ley, que a su juicio permitirá acabar con las disputas sobre quién puede participar y quién no cuando se tramiten proyectos legislativos en el Parlamento. También advirtió de que los acuerdos con los agentes sociales no deben ser la meta, sino un punto de partida y que es necesario saltar a la lógica de que lo que se firma es para cumplirlo.

En la oposición a la toma en consideración de la proposición de ley quedaron dos grupos políticos antagónicos: Vox y Adelante Andalucía.

El parlamentario por el primero de esos partidos, Benito Morillo, tuvo una intervención descalificatoria hacia las organizaciones sindicales, a las que acusó de haber sido parte de los más graves casos de corrupción en Andalucía.

Tras calificar al texto aprobado de «panfleto» e «insulto», dijo que la ley «blanquea a organizaciones que estuvieron involucrados en los mayores escándalos y pasaron de las barricadas a las mariscadas». Por ese motivo, aseguró que el Partido Popular «es el hermano trasnochado de los socialistas».

Adelante Andalucía fundamentó su voto en contra en motivos opuestos. Su portavoz, José Ignacio García, cuestionó que la ley deje fuera a sindicatos que cuentan con gran representación en sectores como el campo o la educación y que se trata de una trampa del PP porque ahonda en la concertación frente a la lucha sindical, además de partir de la idea, a su juicio perversa, de igualar a los sindicatos y a la patronal. Esa igualdad, en su opinión, no es legítima porque los sindicatos representan a la mayoría social.