El Parlamento endurecerá sus normas para evitar alteraciones en los plenos

A simple vista parece un espacio muy reducido para una comunidad donde viven ocho millones y medio de personas y sin embargo en las últimas semanas se ha convertido en el centro de buena parte de las polémicas que han centrado los debates y las controversias en la política andaluza. El protagonismo ha alcanzado tal punto que el presidente del Parlamento ha decidido proponer a los grupos políticos un cambio en el reglamento de la Cámara para impedir que el comportamiento del público condicione el desarrollo de los plenos.

En teoría, durante su presencia en el salón de plenos los miembros del público no pueden hacer fotos, ni realizar manifestaciones de aprobación o rechazo ante las intervenciones de los parlamentarios -ni siquiera tienen permitido aplaudir-, pero raro ha sido el caso en los últimos meses en el que un grupo de invitados no haya sido expulsado del pleno por saltarse esta norma.

Las opiniones sobre la posibilidad de endurecer el reglamento van desde quienes creen que se trata de una iniciativa del Gobierno andaluz para impedir que los conflictos sociales tengan resonancia en el Parlamento hasta los que sostienen que existe una estrategia deliberada impulsada por la oposición de izquierdas, especialmente por el PSOE, para embarrar el debate político en Andalucía y que llevar público dispuesto a liarla forma parte de la misma.

El caso es que el presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, ha presentado un borrador en el que propone, entre otras medidas ya previstas en el reglamento en vigor, la acreditación de la identidad de las personas invitadas frente a posibles incidentes de orden público, prohibir que vistan prendas susceptibles de ser utilizados para dar muestras de aprobación o desaprobación y, en el caso de que se produzcan expulsiones, la posibilidad de retirar a los grupos que hayan invitado a los alborotadores la facultad de realizar nuevas invitaciones durante un máximo de tres sesiones plenarias.

El asunto apenas ha sido puesto sobre la mesa, pero promete convertirse en uno de los puntos álgidos de controversia tan pronto como el Parlamento retome su actividad tras el descanso veraniego.