Ocho preguntas (y sus respuestas) para entender el conflicto de Doñana

¿Cuál es el origen del problema?

En 2014, la Junta de Andalucía aprobó con un amplio consenso - del que participaron la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (dependiente de la Administración General del Estado) y el Consejo de Participación de Doñana-, el decreto del Plan Especial de Ordenación de las zonas de regadío ubicadas al norte de la Corona Forestal de Doñana, conocido desde entonces como el `Plan de la Fresa', que afecta a unas 9.300 hectáreas donde se cultivan frutos rojos y que suponen un sector de gran potencia económica en la provincia de Huelva. Se estima que unas 1.400 hectáreas de cultivo quedaron fuera de esa ordenación. Con el tiempo, la proliferación de explotaciones al margen de ordenación y la perforación de pozos ilegales contribuyeron al desgaste del llamado acuífero 27 del que se nutre el Parque Nacional de Doñana y que se encuentra en el nivel más bajo desde que hay registro. En junio de 2021, el Tribunal de Justicia de la UE, tras un recurso presentado por la Comisión Europea, condenó a España por no preservar ese acuífero y permitir su expolio, con las graves consecuencias ambientales que ello conlleva. La sentencia obliga al Reino de España a restaurarlo.

¿Qué problema pretende resolver la proposición de ley?

El Plan de la Fresa, aprobado en 2014, se elaboró sobre la base de información recogida diez años antes. Ello ocasionó que una buena parte de las explotaciones activas en el año de entrada en vigor del plan pero que no existían como tales en 2004 quedaran fuera de ordenación y por lo tanto en situación alegal. Los trabajos técnicos de recogida de información también incurrieron en errores de los que hoy se pagan las consecuencias. Las fotos aéreas tomadas para determinar dónde había explotaciones agrícolas no reconocieron aquellas en donde se habían levantado los plásticos o tierras que en ese momento estaban en barbecho. Estos suelos quedaron fuera de ordenación, sin derechos de riego, a partir de 2014.

A ello se han sumado explotaciones montadas sobre suelo forestal y que se nutren con agua procedente de pozos ilegales. Tanto unos como otros demandan que se regularice su situación. La proposición aprobada, según sus impulsores, sólo persigue reordenar el territorio mediante la corrección de esos errores y no legalizar situaciones de incumplimientos de la ley.

Desde la aprobación del Plan de la Fresa, la superficie de regadío no ha permanecido inalterable en la zona. Concretamente, desde 2018, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha regularizado 2.240 hectáreas y ha cerrado un total de 1.129 pozos.

Además, desde 2019, la Junta, competente para sancionar en la cuenca del Tinto, Odiel y Piedras ha abierto 451 expedientes en la zona, 282 por infracciones a la ley forestal y 169 en materia de agua. Todos esos expedientes seguirán adelante en cualquier caso y el Gobierno andaluz ha descartado que la nueva norma pueda entenderse como una amnistía.

¿Cuántas hectáreas de regadíos irregulares podrán normalizar su situación con la aplicación de la norma que ahora se impulsa?

No se sabe a ciencia cierta, ya que lo que se propone es estudiar caso a caso. Se estima que unas 1.400 hectáreas quedaron fuera del Plan de la Fresa. En torno a 700 podrían regularizarse, aunque sólo es una estimación que nadie se atreve oficialmente a confirmar. Los impulsores de la nueva ley insisten en que sólo podrán regularizarse aquellas explotaciones que demuestren que hayan estado en regadíos con anterioridad a la aprobación del plan en 2014.

¿Con que agua podrán regar las zonas de cultivo que sean regularizadas?

Esta es la cuestión clave y el principal motivo de discordia. La proposición de ley dice textualmente que los terrenos podrán obtener derechos de riego con aguas superficiales, salvo que la administración hidráulica donde se encuentre ese suelo, es decir, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, bajo competencia del Estado, establezca un origen de recursos diferentes.

Actualmente no hay agua disponible y para que llegue a la zona deberían acometerse obras hidráulicas bajo competencia del Gobierno central que permitan materializar el trasvase de la cuenca del Tinto Odiel y Piedras a la cuenca del Guadalquivir. Este trasvase fue aprobado por una ley de diciembre de 2018 propuesto por el Parlamento de Andalucía y aprobado en las Cortes Generales. El texto de esa norma señala que las aguas trasvasadas solo podrán ser destinadas al riego de los suelos agrícolas regables determinados por el Plan de la Fresa y que en ningún caso se podrán destinar a la creación de nuevos regadíos o a modificaciones de características de los existentes que impliquen un incremento de la superficie regable. La controversia radica en que la norma modifica el Plan de la Fresa y por lo tanto parte del debate se centra en si ello supone una ampliación con nuevos regadíos o simplemente el reconocimiento de los existentes. La comisión técnica que debe redactar las normas de explotación del trasvase aún no se ha reunido. Una opción, si no hay agua, es que la Administración compre a los beneficiados por la ley los derechos de riego adquiridos.

¿Quiénes respaldan y quiénes se oponen a la propuesta?

La propuesta de ley salió adelante con una amplia mayoría (70 votos a favor, 37 en contra) del Parlamento. La respaldaron el PP y Vox y votaron en contra el PSOE-A, Por Andalucía y Adelante Andalucía. La iniciativa cuenta con el respaldo de los ayuntamientos de Bonares, Moguer, Rociana del Condado (gobernados por el PSOE) y de Lucena del Puerto (con alcalde independiente). El quinto municipio afectado por el Plan de la Fresa, Almonte, se opone.

Además de los ayuntamientos citados, en la plataforma que respalda la iniciativa participan Asaja, los sindicatos UGT y Comisiones Obreras, cooperativas agrícolas, asociaciones de agricultores y la Federación Onubense de Empresarios.

La oposición a la propuesta la han expresado 14 de las 18 entidades representadas en el Consejo de Participación de Doñana, incluido su presidente, Miguel Delibes, así como una veintena de sociedades científicas. También la directora general de Medio Ambiente de la Comisión Europea, Florika Fink-Hooijier, mostró su preocupación en una carta dirigida a la vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que también la ha descalificado.

¿Cuándo entrará en vigor?

La proposición de ley, aunque puede tramitarse por la vía de urgencia, apenas ha iniciado su recorrido parlamentario. Ahora irá a la comisión de Fomento y Ordenación del Territorio, donde se deberá escuchar a los colectivos afectados. Se prevé que pueda volver al pleno para su debate y aprobación definitiva en el tramo final del presente periodo parlamentario, sobre finales de julio, o al inicio del siguiente, que comienza en septiembre.

¿Por qué se abre este debate ahora?

En la legislatura anterior se presentó por duplicado una propuesta similar; una firmada por el PP y Ciudadanos y la otra, por el PP y Vox, ya que la formación naranja se negaba a compartir iniciativas con este partido. La proposición superó el debate de su toma de consideración en una votación en la que el Grupo Socialista se abstuvo, posición con la pretendía mostrar su disposición al diálogo sobre este asunto complejo y que afecta a municipios con alcaldes de ese color político que demandan una solución. Esta postura no fue compartida por el Gobierno y la dirección federal del PSOE, que se posicionaron radicalmente en contra. La tramitación parlamentaria no prosperó debido a la disolución del Parlamento por el adelanto electoral.

Desde entonces, la situación de la sequía, y con ella la del Parque Nacional de Doñana, se agravó por lo que al inicio de la actual legislatura en el PP no se observaba gran interés por rescatar la propuesta. Sin embargo, la iniciativa política de Vox, que anunció que la presentaría en solitario, y las presiones del PP de Huelva llevaron al Grupo Popular en el Parlamento a elaborar un nuevo texto con el doble objetivo de neutralizar al partido de Abascal y evitar su crecimiento a costa del PP -como ya había sucedido en algunas zonas agrícolas de Almería castigadas por la falta de agua y seducidas por el discurso negacionista de Vox en relación al cambio climático y los problemas ambientales- y conseguir un consenso más amplio. Así, se incorporaron rebajas a la propuesta original como la aclaración de que las nuevas zonas de regadío sólo podían abastecerse con aguas superficiales y la formación de una oficina técnica para estudiar caso a caso. En un momento el PP albergó la expectativa de conseguir sumar a los socialistas. De hecho, se llegó a postergar una convocatoria pública cuando los populares entendieron que había posibilidad de un acuerdo, pero finalmente el PSOE-A se mantuvo al margen y adoptó una postura fuertemente crítica.

¿Cuáles pueden ser las consecuencias políticas de esta iniciativa?

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, que con su lema de la 'Revolución verde' ha hecho una bandera de la defensa del medio ambiente, reconoce que sufrirá desgaste por este asunto pero asegura que no lo guía otro objetivo que encontrar una solución para los afectados y repite una y otra vez que preservar el Parque Nacional es un objetivo irrenunciable. En San Telmo no suelen dar un paso de este calado sin que su incidencia en la opinión pública esté previamente medido demoscópicamente. La posición que ha adoptado la Comisión Europea es una de las losas que la Junta intentará levantar con una reunión prevista para el próximo 3 de mayo para explicar en Bruselas el alcance del proyecto de manera directa y sin la intermediación, a su juicio malintencionada, del Gobierno central.

Una de las incógnitas a desvelar es si la iniciativa beneficiará electoralmente en Huelva al PP y a Vox en desmedro de los socialistas. Los populares tienen a la Diputación de esa provincia, gobernada en solitario por el PSOE-A, como uno de sus principales objetivos para el 28-M, pero el peso que los municipios afectados pueden tener a la hora de un probable vuelco en la institución provincial es muy relativo, ya que al no estar concentrados en un mismo partido judicial su peso para la asignación de diputados no es relevante. Almonte, el de mayor población y contrario al proyecto, y Rociana pertenecen al de La Palma, y Moguer, Lucena y Bonares, al de Moguer. Otra cuestión es que la polémica pueda tener incidencia en el conjunto de la provincia de Huelva, en cuya economía el peso del sector de los frutos rojos es determinante.