Moreno pondera el diálogo social tras reunirse con el secretario general de UGT

Moreno anunció tras el encuentro que el Gobierno aprobará la ley de participación institucional antes del verano para que esté en el Parlamento antes de que finalice el periodo de sesiones. Esta ley, recogida en el Estatuto, debe establecer las normas de participación de los agentes sociales en las decisiones del Gobierno y Parlamento que competen a empresarios y trabajadores. Moreno defendió que el texto que llegue al Parlamento alcance un gran consenso. «Será una norma relevante, eficaz, necesaria e innovadora en determinados aspectos», avanzó el presidente.

Preguntado sobre si la ley establecerá como interlocutores del Gobierno a los mismos agentes sociales que participan en la llamada mesa de diálogo social, es decir, la patronal mayoritaria en Andalucía, Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), y los sindicatos también mayoritarios, CC OO y UGT, el presidente fue cauto y manifestó que la decisión que se adopte será con el máximo consenso. Aún así, admitió que para que sea efectivo el diálogo social no puede ser con «decenas de interlocutores», dando por válida la interlocución actual con CEA, CCOO y UGT.

Moreno apuntó en el discurso del debate general sobre Andalucía el pasado enero que la ley dará también voz a los autónomos, pero como recordó ayer, parte de estos ya están representados por la CEA, a la que se unió la mayor organización de empresarios por cuenta propia en Andalucía, ATA. Pepe Álvarez recordó que las elecciones sindicales son las que establecen las mayorías y que la Constitución recoge la interlocución con los agentes sociales de mayor representatividad. La junta, no obstante, está intentando convencer a la CEA, CC OO y UGT de ampliar el abanico de interlocutores para que no sea «lo mismo de siempre», según fuentes consultadas.

Moreno y Álvarez hablaron de las pensiones, el desempleo y la calidad del trabajo. También del salario mínimo interprofesional, sobre cuya subida por el Gobierno de Pedro Sánchez recela la Junta por las críticas de las organizaciones empresariales en general y agrícolas en particular. Álvarez, cuyo sindicato es parte del acuerdo de la subida a 950 euros, ha defendido medidas para mitigar las dificultades que atraviesan los agricultores y ganaderos, pero agregó que estas no pueden ir «a espaldas de los trabajadores».

Moreno y Álvarez también respondieron a los periodistas sobre la derogación en la ley laboral de las bajas continuadas de los trabajadores como justificación para su despido. El presidente andaluz y el líder sindical coincidieron en que hay que atajar el absentismo laboral. En opinión de Moreno, el absentismo es un problema para el avance de muchas empresas, «pero no se puede generalizar». Álvarez fue más contundente: «No se puede tratar el absentismo al por mayor. El absentismo hay que tratarlo, pero no se puede matar moscas a cañonazos», aseveró.

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