Llega a juicio el desastre de Aznalcollar, una de las peores catástrofes medioambientales de España, 25 años después

El juicio, ante un juzgado civil de Sevilla, llega tras años de procesos judiciales penales que concluyeron en 2002 con el sobreseimiento de las querellas criminales presentadas contra Boliden.

La rotura de un dique en una balsa de residuos de esta mina a cielo abierto el 25 de abril de 1998 provocó el vertido a un río de más de cinco millones de metros cúbicos de lodos contaminados que contenían metales pesados como arsénico, cadmio y mercurio.

Varias decenas de toneladas de peces murieron y cerca de 5.000 hectáreas de los alrededores quedaron contaminadas por estos desechos que llegaron a afectar al parque nacional de Doñana, una joya de la biodiversidad reconocida por la Unesco.

Boliden negó siempre su responsabilidad en el accidente y acusó del mismo a una filial de la constructora española Dragados, que construyó el embalse. «Asumimos una gran responsabilidad en la limpieza del accidente, y en consecuencia la demanda debería ser archivada», dijo un portavoz de la empresa sueca a la AFP.

Este desastre medioambiental fue uno de los peores vividos en España, después de la marea negra del petrolero «Prestige» en 2002.

La región de Andalucía, donde se encuentra Aznalcóllar, decidió interponer una demanda civil en 2002 después de que se desestimaran las denuncias penales presentadas por sus departamentos, el gobierno español y oenegés como Ecologistas en Acción.

Boliden presentó entonces una serie de recursos, pero el Tribunal Supremo se pronunció finalmente en 2012, ordenando a los magistrados que relanzaran la investigación, que desde entonces se ha visto frenada por nuevos recursos de la empresa.

Las autoridades de la región de Andalucía señalaron en un comunicado que esperan «que se haga justicia en uno de los mayores desastres ecológicos que ha conocido Europa», y reclaman 89 millones de euros (97 de dólares) a la multinacional sueca, lo que costó la limpieza de la zona.

En el plano administrativo, la empresa noreuropea recibió una multa de más de 45 millones de euros del gobierno español en agosto de 2002. Una cantidad que se negó a pagar en ausencia de una condena judicial.

«Un cuarto de siglo después el caso sigue en el laberinto judicial sin una sentencia firme que determine que la multinacional minera Boliden debe pagar por la contaminación de 4.643 hectáreas que causó la rotura de la balsa de residuos mineros», lamentó Ecologistas en Acción, en un informe publicado en abril.

Este asunto «es representativo del modus operandi del extractivismo a nivel mundial», una forma de operar que «ha llevado al sector industrial de la minería a convertirse en una de las principales amenazas para la vida en el planeta», añadió la organización.

La mina de Aznalcóllar tiene previsto reabrir próximamente. La sociedad minera mexicana Grupo México, que la explotará, está a la espera de los últimos permisos de las autoridades.

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