La Junta se fija como objetivo reducir hasta en un 15% el gasto en alquileres de sedes judiciales

La Administración Autonómica desembolsa cada año en torno a 25 millones de euros por la ocupación de edificios judiciales que no son de su propiedad. Sólo la Ciudad de la Justicia de Córdoba, según ha subrayado el también vicepresidente, absorbe cada ejercicio 10 millones de euros de esa partida global. Marín ha detallado que ha encargado a la nueva Dirección General de Infraestructuras Judiciales y Sistemas de su Consejería que elabore un plan que, entre otras medidas, reduzca ese coste tras constatar que se ha incrementado hasta un 17,7% en la última década. Y ha aportado otro dato: si el proyecto de la Ciudad de la Justicia de Sevilla sale por fin adelante tras casi dos décadas de parálisis, el gasto en alquileres podría recortarse hasta en un 30%.

Esta nueva línea de actuación persigue «ir eliminando los alquileres» para que los juzgados y el resto de edificios pasen a ocupar de forma progresiva espacios adscritos al patrimonio de la Junta de Andalucía. Además de por la notable reducción de costes, Marín ha abogado por esa solución para responder a las quejas que asegura le llegan desde los sectores profesionales, como también para hacer frente a las dificultades que encuentra la Consejería a la hora de abordar obras de mejora en las instalaciones. En esos casos tiene que contar antes con los permisos y el necesario cuerdo con los propietarios de cada inmueble. Cuando el edificio es público, ha insistido, los plazos son más cortos y los trámites se agilizan.

No es ése el único objetivo que pretende poner sobre el papel el nuevo titular de Justicia. El plan contempla también mejorar el mantenimiento de los edificios y una «notable reducción» en el número de sedes, en torno al 20%, para combatir así la dispersión que asegura existe en determinados partidos judiciales. Para ello la Consejería cuenta con un diagnóstico «por provincias» del que se desprende que el 56% se encuentra en buen estado, el 30% necesita actuaciones parciales y un total 22 requieren soluciones de mayor contundencia. «La gestión durante todos estos años ha sido deficiente en muchos aspectos y vamos a actuar para solventarlo», ha remarcado Marín.

El consejero de Justicia tenía en la bancada de la oposición a quien le ha precedido en el cargo. Rosa Aguilar, responsable de esa competencia entre junio de 2017 y el pasado mes de enero, ha afeado a Marín que se atribuya un diagnóstico de sedes que según ha recordado «se lo ha encontrado hecho» porque se redactó cuando era ella quien ocupaba el despacho de la Plaza de la Gavidia de Sevilla. También ha acusado al vicepresidente de aportar «verdades a medias» al incluir en la cifra global de alquileres los 10 millones de euros de la Ciudad de la Justicia de Córdoba, una infraestructura fruto de la colaboración público-privada que pasará a ser propiedad de la Junta en 2030. Además, ha denunciado que se obvie el dato de que muchos de los arrendamientos son fruto de «necesidades urgentes» o de la imposibilidad de encontrar edificios adecuados en determinados municipios.

Aguilar intuye que el nuevo Gobierno de PP y Cs intenta «apropiarse como algo propio» del trabajo desarrollado por el PSOE durante casi cuatro décadas, y en especial de los 22 años transcurridos desde que Andalucía asumió las competencias en materia de Justicia. Como epílogo, ha vaticinado a Marín que «dejará pronto» el área de Justicia porque la considera «de Tercera División», refiriéndose así al hecho de que la Consejería ya no sea un área propia para integrarse en la de Turismo. El vicepresidente ha negado esa posibilidad y le ha insistido hasta en tres ocasiones en que no ha llegado al cargo para ponerse «medallas».