La Junta destaca que los ciudadanos quieren saber «en qué se gasta su dinero» y si se hace «de forma eficiente»

Según ha informado el Gobierno andaluz, Amelia Martínez se ha referido, entre otros, a la importancia de la colaboración público-privada para la verificación de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) y del nuevo marco 2021-2027 asignados a la Andalucía, cuya certificación está sujeta a un férreo control.

La viceconsejera, en este sentido, ha recordado que los fondos del MRR están sujetos a un triple control, «lo que requiere un esfuerzo considerable tanto por parte de los gestores, como por parte de los órganos de control de las comunidades autónomas».

Además, ha explicado que estos controles, entre otros muchos aspectos, deberán verificar no solo la consecución de los hitos y objetivos marcados en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), sino cuestiones como el Principio DNSH, de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente, que permite evaluar la incidencia ambiental de las actuaciones administrativas realizadas en la ejecución de estos fondos.

El control y la verificación de la consecución de los objetivos propuestos también es especialmente relevante en la ejecución de los fondos europeos del marco 2021-2017, de los que Andalucía tiene asignados unos 8.500 millones de euros. Solo para el Programa Feder 2021-2027, para el que Andalucía cuenta con una dotación financiera de 4.400 millones, se ha establecido un marco de rendimiento, para el seguimiento del avance de los logros alcanzado, en el que se tendrá que verificar el cumplimiento de 66 indicadores de realización y 53 indicadores de resultados.

En este sentido, Amelia Martínez ha explicado que «la colaboración público-privada se hace imprescindible en estos momentos, en los que el ciudadano ya no demanda únicamente que la gestión de los fondos públicos se ajuste a la más estricta legalidad, sino que se haga de la forma más eficaz y eficiente posible. El ciudadano quiere saber en qué se está gastando su dinero, y si se está gastando de la forma más eficaz y eficiente y demanda una gestión administrativa estratégica centrada en resultados».

La viceconsejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos también ha destacado en su intervención la necesidad de evaluar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030. En este sentido, Andalucía es una de las diez regiones europeas participantes en el proyecto piloto 'Regions2030: Monitorizando los ODS en las regiones europeas - Llenar los vacíos de datos', cuyo objetivo es conformar un sistema de indicadores que permita el seguimiento de los ODS en cada una de las regiones europeas.

La viceconsejera ha anunciado que el 27 de septiembre se celebrará, dentro de un programa conjunto que organizará eventos regionales en cada una de las diez regiones participantes en el proyecto europeo, un acto en Sevilla con el objetivo de mejorar el papel de las administraciones regionales en relación con el seguimiento de los ODS.

La Agenda 2030 apela a todos los agentes y a todas las administraciones (sectorial y territorialmente), pero también llama a la acción al resto de actores: ciudadanos, ONG y empresas, entre otros. «El mundo empresarial debe garantizar que la inversión, además de generar una rentabilidad económica, asegura un retorno en forma de impacto positivo en aspectos sociales, medioambientales y de gobernanza», ha señalado Amelia Martínez. «Estos criterios se han convertido en el instrumento principal para medir la sostenibilidad a través de indicadores objetivos y estandarizados».

La viceconsejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos ha hecho también un llamamiento a que las pequeñas y medianas empresas se «impliquen» e «integren la sostenibilidad en su gestión». «Las nuevas regulaciones europeas requieren la memoria de sostenibilidad o de información no financiera a aquellas empresas de más 250 trabajadores o con cierto volumen de negocio y cabe esperar que la UE adapte estos criterios para que las pequeñas y medianas empresas integren la sostenibilidad en su gestión e informen de ello en sus memorias», ha explicado Amelia Martínez.

En el caso de Andalucía, las pymes suponen el 99,8 por ciento de las empresas y el 68 por ciento del empleo, lo que las convierte en «un agente crucial en la consecución de metas como la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, la promoción de la economía circular, el consumo responsable y sostenible, la promoción de la igualdad, o la mejora de la eficiencia energética», ha concluido.