La Junta acepta el pago de los 534 millones del IVA pendientes y renuncia a la vía judicial

El Gobierno central ha garantizado el pago de esta cuantía, en concepto del denominado 'mes 13' del IVA correspondiente al ejercicio 2017, a cambio de que la Junta desista del procedimiento judicial que planteó en su momento, algo que va a cumplir tras acordar la aceptación de su pago.

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha valorado este pago que es fruto del «compromiso y la insistencia» de su Gobierno para que Andalucía recibiera ese dinero y añadió que «al final hemos conseguido por la vía de la reclamación y la reivindicación algo que corresponden a Andalucía, los 534 millones que el Gobierno central tendría que haber transferido en el año 2019 y que en ningún momento hemos renunciado a ello».

Moreno defendió el recurso a los tribunales para defender los intereses de Andalucía e instó al Gobierno de Pedro Sánchez a hacer una reflexión para «evitar que sus decisiones, que a veces tienen un tinte partidista, supongan un castigo para los propios contribuyentes, además de un tiempo y de recursos que han sido perdidos», argumentó.

La administración central exigió a cambio del pago al Gobierno andaluz que remita al Ministerio de Hacienda antes del 1 de febrero un acuerdo de su Consejo de Gobierno en el que se disponga que dicha medida permite dar satisfacción a todas las reivindicaciones de la comunidad, se recoja el compromiso de no iniciar nuevos procedimientos en vía administrativa o judicial y, en caso de que exista un proceso judicial en curso, como es el caso de Andalucía, se comprometa a desistir del mismo.

La Consejería de Hacienda y Financiación Europea presentó en 2020 un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional para exigir el pago del IVA pendiente tras las infructuosas reclamaciones realizadas previamente ante el Gobierno central, un recurso que se compromete ahora a retirar tras su abono.

La recaudación por IVA es uno de los recursos con los que cuenta el sistema de financiación autonómica, de manera que la pérdida registrada causó un efecto negativo en las comunidades, que se puso de manifiesto en julio de 2019, fecha en la que correspondía la liquidación definitiva del sistema de financiación autonómica del ejercicio 2017, pero que, sin embargo, el Gobierno estatal no llegó a compensar.

La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), en su Informe Mensual de Recaudación Tributaria de diciembre de 2017, estimaba una pérdida de recaudación líquida por IVA de 4.150 millones de euros para el conjunto de las comunidades autónomas, fruto de la recaudación de once mensualidades en lugar de doce. «El perjuicio causado para Andalucía se cifró en 534,30 millones, cantidad a la que hay que sumar los intereses de demora», según la Junta.

El 1 de julio de 2017 entró en vigor el Real Decreto 596/2016, mediante el cual se aprobó la implantación del Suministro Inmediato de Información (SII) para el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), que ampliaba el plazo de presentación de las declaraciones-liquidaciones desde los 20 hasta los 30 primeros días naturales del mes siguiente al correspondiente período de liquidación.