Juanma Moreno cifra en 32.000 los migrantes irregulares con tarjeta sanitaria y defiende velar por sus vidas

Moreno, junto a Marín, ayer durante la sesión de control./EFE
Moreno, junto a Marín, ayer durante la sesión de control. / EFE

Todos los partidos dejan de lado a Vox, cuyos portavoces llaman «taxi» para inmigrantes a Salvamento Marítimo y «buscadores de huesos» a los de la memoria histórica

Maria Dolores Tortosa
MARIA DOLORES TORTOSA

El grupo parlamentario de Vox, el más minoritario con 12 diputados, lleva la iniciativa política en la Cámara andaluza más que ningún otro y lo hace en torno a tres asuntos:violencia machista, inmigración y memoria histórica. Tres asuntos en los que ningún otro grupo coincide con sus postulados, pero que a la postre le siguen la corriente al entrar al trapo de sus provocaciones. En la sesión del Pleno de esta semana, que concluyó ayer tarde, los debates se centraron en inmigración y memoria histórica, aunque más que debatir, lo que en ocasiones pudo presenciarse en el Parlamento fueron broncas de una bancada a otra de tal calibre que, incapaz de controlar la situación, hicieron exclamar a la presidenta de la Cámara, Marta Bosquet: «Siento vergüenza».

La sesión tuvo dos puntos de alto voltaje: Cuando el portavoz de Vox, Alejandro Hernández, en la pregunta al presidente de la Junta, Juanma Moreno, le instó a facilitar a las fuerzas de seguridad los datos de los 52.000 inmigrantes en situación irregular que, según un sindicato policial que no mencionó, han sido atendidos por el Servicio Andaluz de Salud (SAS). Hernández apeló en su requerimiento al acuerdo de su formación con el PP para la investidura de Moreno, aunque en el mismo no se habla de entregar datos del SAS a la policía, aunque sí de «apoyar material, humana y documentalmente» a las fuerzas de seguridad.

Moreno iba preparado. Recordó que el Ministerio del Interior es el que tiene las competencias de inmigración, criticando de paso que el titular de este, Fernando Grande-Marlaska, obviara invitar a la Junta de Andalucía a la reunión de Málaga del pasado miércoles; aseguró que su gobierno siempre atenderá los requerimientos de las fuerzas de seguridad del Estado; también dijo coincidir con Vox en una migración regulada; dio su opinión de preferir que los migrantes vengan con contratos en origen y criticó la «improvisación» de las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez en la materia con resultado de «efecto llamada» por un lado y «devolución en caliente» por otro.

El presidente informó de que en estos momentos, no son 52.000, sino de 32.376 «las personas extranjeras no registradas y autorizadas sujetas a atención sanitaria en Andalucía; «cifra que no es definitiva y estamos trabajando en ello», añadió. Fuentes de su gobierno aclararon que el presidente alude a las personas con la tarjeta 85 autorizada por el Gobierno tras la orden de octubre para la cobertura universal de la sanidad, incluida la de los inmigrantes irregulares. Aunque Moreno insistió en que cualquier requerimiento de las fuerzas de orden público se atenderá, las mismas fuentes de la Junta añadieron que hasta la fecha nadie de la Policía o Guardia Civil, dependientes del Ministerio del Interior, se habían dirigido al SAS para reclamar dato alguno sobre inmigrantes.

En su última réplica al portavoz de Vox, Moreno advirtió de forma rotunda que en lo que a sus competencias se refiere, la Junta de Andalucía siempre pondrá por encima de todo ello la vida de las personas. «Cuando una persona tiene riesgo para su vida, independientemente de su raza, orientación ideológica, sexual o procedencia, lo primero que tenemos que hacer como sociedad e institución es salvaguardar esa vida», afirmó.

Con ello el presidente defendía la asistencia sanitaria a extranjeros en situación irregular sin manifestarlo explícitamente, pero también respondía a la proposición no de ley de Vox en la que se instaba al Gobierno central a regular los operativos de Salvamento Marítimo para que no actúen como «taxis» o «autobuses» de inmigrantes en el Mediterráneo. Vox se quedó solo, ya que todos los demás partidos rechazaron la propuesta. El portavoz del PP en esta iniciativa, José Ramón Carmona, recordó a Vox que la omisión del deber de socorro es un delito.

Otro momento álgido fue cuando en el debate de una moción del PSOE para el desarrollo de la Ley de Memoria Histórica en la mañana, el diputado de Vox Benito Morillo llamó «buscadores de huesos» y «estrategas del revanchismo» a los defensores de la norma que garantiza la exhumación de represaliados en la guerra civil y el franquismo de fosas comunes para poder ser identificados y enterrados de forma digna por los familiares. El portavoz socialista en esta iniciativa, Javier Fernández, criticó que Vox llame «buscadores de huesos» a los que quieren «buscar la verdad y reparar a las víctimas».

La iniciativa salió adelante con solo los votos en contra de Vox, pero en la sesión de control al presidente también tuvo su eco al calificar Susana Díaz el debate de «bochornoso» y recriminar a Moreno que su partido quiera derogar la ley para sustituirla por otra. «Nosotros vamos a traer una ley para mejorarla», replicó el presidente, confirmando de este modo que cumplirá el compromiso adquirido con Vox de sustituir la actual norma por una ley de Concordia.

El presidente anuncia 60 millones para caminos rurales

Juanma Moreno anunció ayer la aprobación en breve de una ley de la formación profesional, largo tiempo reivindicada por Cs y prometida por el anterior ejecutivo socialista. También anunció en la sesión de control del Parlamento la dotación presupuestaria de 60 millones de euros para el arreglo de los caminos rurales andaluces, en la respuesta al portavoz del PP, José Antonio Nieto, quien se interesó por las políticas del Gobierno sobre el mundo rural.