Intervalo antes de la recta final

Hasta hace no más de una semana, el acorralamiento que sufría el Gobierno central por los casos de corrupción que lo han salpicado y las nuevas cesiones que ha tenido que hacer a sus socios parlamentarios para sostenerse en el poder hacían prever no sólo que Sánchez tendría dificultades para alcanzar el objetivo de completar la legislatura, sino también que el PSOE de Andalucía no tendría opción siquiera de competir cuando se convocaran las elecciones autonómicas.

El curso político está concluyendo en Madrid con este giro de guion inesperado, pero como en Andalucía el final se ha visto adelantado -el Parlamento ya ha acabado su actividad y el presidente parte este fin de semana a Japón en misión comercial- prácticamente no ha habido tiempo material para evaluar si la onda expansiva de los casos de Montoro y de la portavoz del PP, figura emergente reducida a estrella fugaz, llegaría a Andalucía con algo de fuerza.

Durante algunos días, la oposición de izquierdas buscó sin éxito alguna punta que relacionara al exministro con la Junta de Andalucía -uno de los imputados en su caso fue consejero de Hacienda durante apenas 20 días en el amanecer del cambio político- y también intentó vincular el caso de Noelia Núñez con un episodio similar protagonizado por Juanma Moreno hace más de una década, cuando aterrizó en la política andaluza y él mismo corrigió el currículum que figuraba con información errónea en la web del Congreso de los Diputados. No parece que ninguna de las dos cuestiones vaya a tener mayor recorrido. La epidemia de currículos dudosos es transversal y no deja a ninguna de las dos formaciones principales con inmunidad suficiente como para disparar contra el adversario.

Por el contrario, sí es probable que en lugar de estos episodios, cuando la política andaluza retome su actividad plena, ya en la recta final y camino a las elecciones, estén sobre la mesa las dos cuestiones que han marcado el rumbo durante gran parte de esta legislatura, que ya ha completado tres de sus cuatro años: la sanidad y la financiación autonómica.

Con un clima parlamentario enrarecido, las protestas de diferentes colectivos relacionados con la sanidad han protagonizado todos los alborotos en las últimas sesiones parlamentarias, en lo que el Gobierno andaluz interpreta como parte de la estrategia socialista de embarrar la vida política andaluza y los socialistas, como una muestra del malestar ciudadano por el funcionamiento de este servicio público esencial.

En la Junta de Andalucía no niegan que existan problemas, que se atribuyen a un envejecimiento de la población y a la falta de médicos suficientes, pero es probable que el sinceramiento del presidente de la Junta en una entrevista con La Vanguardia no haga más que agudizar la controversia sobre este asunto. Moreno pidió un pacto de Estado sobre el futuro de la sanidad al considerar que «la sanidad pública para todo y para todos con una población cada vez más mayor puede llegar un momento que sea inviable».

Si la sanidad será seguramente uno de los temas que centrarán el debate político hasta el final de la legislatura, el otro gran asunto será el de la financiación autonómica. Se trata de una cuestión que posiblemente no llega tan directamente a los ciudadanos, pero es decisiva no solamente para la sanidad, sino también para el resto de los servicios públicos.

El Gobierno firmó con la Generalitat un acuerdo para una financiación singular para Cataluña que pone en cuestión el mecanismo de solidaridad interterritorial al validar el principio de ordinalidad (cada comunidad recibe en el mismo orden en el que aporta) y el PSOE de Andalucía se ha encontrado con una losa que en el PP consideran que se convertirá en su mejor baza para afrontar con garantías el próximo proceso electoral. No solamente porque los socialistas andaluces no han esbozado siquiera una protesta como sí hicieron otras federaciones, sino porque su candidata para desbancar a Juanma Moreno es la número dos del Gobierno y ministra de Hacienda.

De momento, los argumentos que ha esbozado el PSOE-A para afrontar la difícil defensa en Andalucía de este acuerdo son débiles. Ni la acusación al Gobierno de la Junta de no querer desarrollar todas las posibilidades que ofrece el Estatuto de Autonomía, ni el ofrecimiento a Andalucía de firmar un acuerdo idéntico al que ha sido conveniado previamente en una negociación bilateral con otra autonomía en función de las necesidades y aspiraciones de esta parecen posiciones suficientemente sólidas como para afrontar un debate con un mínimo de garantías ante la opinión pública.

Seguramente hubiera sido más conveniente para el PSOE de Andalucía pactar una disidencia con su dirección federal para que pudiera percibirse que esas siglas históricas que fueron hegemónicas durante casi cuatro décadas se siguen identificando antes que nada y en primer lugar con los intereses de la comunidad. Pero si la opción de la disidencia pactada le fue vetada en su día a Juan Espadas, mucho menos viable resulta ahora cuando una de las principales responsables del acuerdo fiscal con Cataluña es precisamente la candidata a la presidencia de la Junta, más allá de su decisión de no aparecer en la foto de la firma del acuerdo.

En el Partido Popular de Andalucía entienden que el acuerdo fiscal le ha dado la puntilla a las posibilidades del PSOE de presentar batalla cuando se celebren elecciones autonómicas y ya manejan encuestas que sitúan a los socialistas en mínimos históricos y con posibilidades de quedar relegados a tercera fuerza por detrás de Vox en las provincias donde el voto rural tiene mayor peso.

Sus analistas han detectado que a partir del apagón del 28 de abril y con el caos ferroviario como paisaje instalado, la imagen de un gobierno ineficaz ha hecho un daño profundo que ni siquiera la bonanza económica alcanza a revertir y del que el PSOE de Andalucía, con su alineamiento acrítico con Pedro Sánchez, no está en condiciones de escapar. Ese será el paisaje con el que todos los actores se encontrarán a la vuelta de agosto.