El Gobierno anuncia que iniciará por fin los trámites para la demolición de El Algarrobico

Montero se trasladó personalmente a la playa donde se sitúa el inmueble para comunicar que la medida será aprobada este martes. Su anuncio se produjo de forma casi simultánea con el del presidente de la Junta, Juanma Moreno, sobre la compra de una finca de más de mil hectáreas para aumentar la protección de Doñana y parece inscribirse en una disputa por encabezar la agenda medioambiental en Andalucía.

La vicepresidenta explicó que con esta medida el Gobierno pretende poner fin a lo que considera el mayor atentado medioambiental ocasionado en el paraje natural y avanzar en la inmediata restauración de la zona. «Han pasado casi 20 años y una infinidad de litigios hasta que se paralizaron estas obras, pero el hotel ilegal sigue en pie, habiéndose convertido en el símbolo de la depredación inmobiliaria que tanto ha dañado nuestro litoral», afirmó.

Como continuación de una de las circunstancias que han marcado este conflicto casi desde el inicio, las atribución de culpas entre las diferentes administraciones, la ministra recordó que parte del hotel se encuentra en suelo de dominio público marítimo-terrestre, competencia de la Administración central del Estado, mientras que otra parte se sitúa en terrenos cuyo control corresponde a la comunidad autónoma.

Por ese motivo, instó al Gobierno andaluz a seguir el mismo procedimiento y también proceder a la expropiación del suelo. «Una vez que ambas Administraciones hayamos expropiado los terrenos sobre los que tenemos competencia, podremos llevar a cabo la demolición de este edificio, que será financiada por el Gobierno de España», afirmó.

«El acuerdo del Consejo de Ministros tiene como objetivo proceder a la expropiación de los terrenos dentro del dominio público marítimo-terrestre sobre los que se levantó este edificio. Este justamente es el paso previo administrativo para demolición y restauración ambiental», señaló Montero.

Desde la Junta de Andalucía consideran que el anuncio de la vicepresidenta Montero demuestra falta de lealtad con al adelantarse una decisión que no sólo no se ha tratado en la comisión mixta de seguimiento, sino que va en otro sentido a los últimos acuerdos.

En el Gobierno andaluz valoran que no es necesario expropiar para demoler el edificio, ya que basta con que el Ayuntamiento de Carboneras, gobernado por Salvador Hernández, de Ciudadanos, cumpla lo ya ordenó el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y declare nula la licencia de obras que se otorgó en su día.

Así, recuerdan que el Gobierno de España, durante la presidencia de Rodríguez Zapatero, inició hace 20 años un expediente de expropiación idéntico al anunciado ahora y en 2009 lo archivó, entre otros motivos, al considerar que la nulidad de la licencia era lo más efectivo.

«La expropiación no es la mejor fórmula, porque eternizaría el proceso en caso de recurso judicial -señalan fuentes del Gobierno andaluz-; la fórmula más rápida y segura es que el Ayuntamiento de Carboneras declare nula la licencia de obras que el PSOE concedió en su día».

No obstante, en la Junta advierten de que la Administración autonómica está preparada para cumplir con su obligación de reciclar los escombros y restaurar la playa y que para ello sólo necesita «que antes cumpla el Gobierno de España y derribe el edificio, como es su obligación«.