La Fiscalía pide archivar la causa contra el ministro Luis Planas

Según reza el escrito del Ministerio Fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, el fiscal encargado de la causa, Alfredo Flores, interesa el sobreseimiento para Planas y para las dos ex secretarias generales de esta Consejería en las citadas fechas.

El fiscal reseña que «la única conexión de los reseñados investigados es el hecho de haber ocupado como titular, en el caso de Planas, la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía o la Secretaría General de Agricultura y Alimentación de dicha Consejería, en el caso de las dos exsecretarias».

En este sentido, asegura que, según las declaraciones de los tres como investigados, «no resulta acreditada a nivel indiciario» su participación ni tampoco «una omisión análoga de aquella en relación con las fincas y explotaciones y en concreto con los hechos objeto de investigación penal que haya facilitado su comisión». Es más, precisa que la propia Junta abrió expedientes sancionadores a las empresas investigadas y también la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, «si bien con poca eficacia».

Por todo ello, considera que no se puede determinar que estas personas «hayan colaborado de forma activa y relevante con los agricultores querellados en su conducta delictiva o cometido una omisión grave y reiterada al no denunciar penalmente las extracciones ilegales de las que tuviesen conocimiento».

Sí acusa a 15 personas, entre los que destacan los exalcaldes de Almonte (Huelva), el socialista Francisco Bella y José Antonio Domínguez (PP), así como titulares de las explotaciones sitas en la finca Matalagrama de Almonte y administradores de hecho o de derecho de las sociedades, la mayoría agricultores.Esta causa comenzó en agostó de 2011 por la denuncia de un particular sobre supuesta corrupción en Almonte en relación a pozos ilegales y subvenciones a empresas, tras un acuerdo que se firmó entre el Instituto Andaluz de Reforma Agraria (IARA) y el Ayuntamiento.

Sin embargo, el fiscal ha precisado que, desde aquellas fechas y en ejecución de estos convenios, los agricultores acusados, conscientes de la falta de autorización legal para ello, han venido extrayendo agua del acuífero 27 para regar sus explotaciones, a través de los sondeos creados por el Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario (Iryda) a principio de los años 70, actualmente propiedad del IARA, así como que tanto los titulares de las explotaciones y los citados alcaldes «fueron conocedores de la inexistencia de la autorización para la extracción de agua».

En todas las explotaciones, «se ha producido una detracción ilegal y sistemática de agua del acuífero en el periodo de 2009 a 2012 y dicha detracción ha alterado el balance hídrico generando un riesgo de daño grave sobre el espacio protegido de Doñana, así como sobre las especies que alberga y sobre el significado y valor ecológico del lugar a nivel mundial». Sobre el papel de los alcaldes, miembros del Consejo de Participación de Doñana y conocedores del «delicado estado del acuífero», considera que desde que en el año 2007 empezaran a recibir los agricultores acusados la notificación de expedientes sancionadores de la CHG, ellos se comprometieron expresamente con dichos acusados a «solucionar el problema, de tal forma que permitieron con dicha actitud y posicionamiento que continuase la actividad de extracción ilegal del agua y el daño para el acuífero».