La Fiscalía pide 114 años de cárcel en el juicio de la pieza política del ‘caso ERE’

Tampoco está claro si hoy el tribunal podrá oírlas. Si los 22 acusados deciden que también sean leídos en voz alta sus escritos de defensa por el secretario del tribunal, Rafael Castro de la Nuez, los prolegómenos del juicio podrán alargarse más de lo previsto.

Por lo pronto, José María Mohedano, abogado del expresidente José Antonio Griñán y del exdirector general de Presupuestos Antonio Lozano, ha solicitado que hoy se lea parte de los textos de sus defendidos. También Manuel Jiménez de Parga, letrado del expresidente Manuel Chaves, pidió la lectura de tres folios de su defensa. Todo hace prever que otros abogados reclamarán hoy lo mismo, según apuntó Juan Carlos Alférez, defensor del exdirectivo de IDEA Jacinto Cañete.

Las defensas no esperaban la lectura íntegra de los textos de las acusaciones, aunque luego reconocieron que con ello se «colma las garantías procesales» de los acusados, expresó Alférez a los periodistas. «Las garantías procesales son más importantes que lo farragoso o no de las sesiones», añadió.

Un apunte acorde con el tedio que propició en la sala la lectura completa del escrito de 44 folios de los fiscales Juan Enrique Egocheaga y Manuel Fernández Guerra, que se prolongó durante más de dos horas. Pedro Apalategui, abogado del exviceconsejero Agustín Barberá, pidió que el PP prescindiera de la lectura del suyo, de más de un centenar de folios, lo mismo que hizo Manos Limpias. La abogada Lourdes Fuster, que representa al PP, recordó diferencias tanto en el relato de los hechos como los delitos que se imputan respecto a la Fiscalía para insistir en su lectura. Apalategui pidió entonces ausentarse de la sala, aunque no lo hizo.

Los acusados, que llegaron a la Audiencia de Sevilla puntuales en medio de fuertes medidas de seguridad, aguantaron con gran seriedad el relato de los hechos y las duras peticiones de los fiscales. Estos acusan a todos ellos de prevaricación continuada por diseñar, conocer o consentir de forma continuada en el tiempo un sistema presupuestario de ayudas a las empresas en crisis ajeno a la normativa de las subvenciones pese a las advertencias de irregularidades de la Intervención General de la Junta.

Según la Fiscalía, por este «procedimiento específico», la Consejería de Empleo pagó sin fiscalización previa a través de la agencia pública IFA, luego IDEA, mediante las transferencias de financiación, 741 millones de euros desde 2000 a 2010, la mayor parte destinados a regulaciones de empleo (de ahí el que se le llame ‘caso de los ERE’).

El ministerio público acusa a 15 de los procesados de malversación de caudales públicos, porque aunque no hubo alerta de menoscabo de dinero, sí debieron saber que el sistema podría provocarlo, como de hecho ocurrió. Para estos pide las máximas penas: 114 años de cárcel (ocho años para 12 procesados y seis años para tres, Griñán entre estos últimos) y 450 años de inhabilitación (30 a cada uno). Para los siete acusados solo de prevaricación, entre ellos Manuel Chaves, Magdalena Álvarez y Gaspar Zarrías, solicita 70 años de inhabilitación (diez a cada uno).

La Fiscalía también pide que los autores del delito de malversación respondan de forma solidaria de la devolución a la Hacienda Pública del total de los 741 millones de euros de créditos destinados a las ayudas sociolaborales y detalla año a año las cantidades millonarias de cada uno. Así, entre los quince, a José Antonio Griñán le pide por responsabilidad civil 37,6 millones de euros; al exconsejero de Empleo Antonio Fernández, 105,9 millones; al exconsejero de Empleo Antonio Viera, 42,9 millones; al exconsejero de Innovación Francisco Vallejo, 30,5 millones; a la exconsejera Carmen Martínez Aguayo, 37,6 millones y al exdirector general de Trabajo Javier Guerrero, 92,5 millones de euros. Las cantidades pueden ser minoradas en función de su recuperación por la Junta de Andalucía por vía administrativa o por sentencia penal. La Junta ha solicitado solo 135 millones de euros por percepción fraudulenta (intrusos y ayudas directas), de los que solo ha recuperado 4,6 millones de euros.

El sistema permitió la concesión opaca de ayudas, sin publicidad y pública concurrencia y de forma arbitraria. Los fiscales llaman la atención que se beneficiaran de ellas unos desempleados, a los que se les favorecía con una prejubilación hasta la jubilación (más de 6.000 cobraban aún cuando estalló el caso en 2011), mientras otros muchos trabajadores de aquellos años se vieron sin ninguna ayuda. El escrito fiscal detalla el abultado número de parados por expedientes de regulación de empleo año por año de una década sin auxilio de la Junta.

También describe, entre otras irregularidades derivadas de un sistema sin control, las concesiones ajenas al programa que fueron a parar a ayuntamientos socialistas, la mayoría de la provincia de Sevilla; Y cifra en más de 66 millones de euros el gasto en comisiones por encima del mercado a las aseguradoras o intermediarios para gestionar las pólizas a los prejubilados.

El relato del ministerio público intenta demostrar que los responsables de las consejerías de Hacienda, Empleo, Innovación (a la que pertenecía la agencia pagadora, Idea) y Presidencia (que dirigía los consejillos previos al Consejo de Gobierno), además del propio presidente Chaves, debieron conocer la ilegalidad de un programa presupuestario engordado con modificaciones al alza cada año «sin que tomaran decisión alguna que pusiera freno al procedimiento».

El PP, por su parte, mantiene la acusación de asociación ilícita además de suscribir las de prevaricación y malversación de la Fiscalía. Por el delito añadido solicita dos años de cárcel a los 22 procesados, 12 años de inhabilitación y 30.000 euros de multa. Hoy en sus escritos, los acusados defenderán la legalidad del sistema, similar al de otras administraciones en cuanto a la discrecionalidad, e insistirán en que nunca hubo un plan para delinquir y que desconocían que hubiera fraude.