Exconsejeros niegan conocer irregularidades en la Faffe, que tenía todos los controles de la Junta

El exconsejero de Empleo y condenado a prisión por el 'caso de los ERE' José Antonio Viera y el exconsejero de Economía Antonio Ávila fueron los únicos que prestaron declaración de todos los citados ayer, ya que el exconsejero de Empleo -también condenado por los ERE- Antonio Fernández se ausentó, mientras que el también exconsejero del ramo Manuel Recio sí acudió pero se negó a responder a las preguntas de los miembros de la comisión.

La declaración de Viera era, sin duda, la que levantó más expectación tras su reciente condena judicial que le ha situado como uno de los grandes responsables del fraude de los ERE, sistema que se aprobó bajo su mandato.

El exconsejero defendió su gestión, en la que reconoció errores pero también aciertos y resaltó que su conducta «siempre ha estado marcada por la ética, la legalidad y la honradez y que no tomó «ningún camino para desvirtuar la legalidad».

Viera aseguró que la Faffe contaba «con todos los controles y auditorías de la Junta y todo lo que se exigía legalmente» y descargó toda la responsabilidad en la gestión de esta fundación al que nombró como director, Fernando Villén. «Nunca tuve conocimiento, ni verbal ni escrito, alertándome de situaciones fuera de lo normal», señaló. Asimismo, confesó que es «imposible» que un consejero esté al tanto de todo, de ahí que se pongan en marcha estructuras intermedias como esta fundación.

Además, sostuvo que es «totalmente injusto» que se «descalifique» a la Faffe «por un comportamiento puntual inadecuado y falto de ética», pero no se puede ocultar que «ayudó a miles de jóvenes andaluces a formarse y a encontrar un empleo».

Viera reconoció errores y confesó arrepentirse de algunas decisiones eludiendo detallarlas, al tiempo que defendió su gestión en unos momentos difíciles con muchas empresas en crisis, cierres y despidos.

El exconsejero de Economía Antonio Ávila no aportó mucho en su intervención ya que nunca tuvo competencias en materia de formación profesional para el empleo y además esta fundación se extinguió un año antes de su llegada como consejero.

Por todo ello, lamentó no poder ser de mucha utilidad en la comisión aunque sí se sometió a las preguntas de los miembros de la comisión, rechazando cualquier sombra de duda sobre su persona. Además, subrayó no haber tenido conocimiento nunca de que se destinara algún dinero público a «juergas, comilonas y prostíbulos» como ocurrió en la Faffe, así como de que se produjera algún caso de «enchufismo o se defraudara dinero público».

Por último, el exconsejero de Empleo Manuel Recio se negó a contestar a las preguntas de los diferentes grupos políticos argumentando su intención de evitar posibles interferencias en la causa judicial en la que está implicado sobre los cursos de formación de los extrabajadores de Delphi.

Recio se limitó a intervenir al principio arguyendo diversa doctrina judicial para justificar su negativa a declarar y pidió abandonar la comisión, lo que le impidió el presidente de la comisión, Enrique Moreno (Ciudadanos). Recio optó por no abandonar la sala pero exigió que constara en acta que el letrado de la comisión aprobaba su marcha pero permaneció en ella por la petición expresa del presidente.

La obligación de quedarse en la sala sin declarar y escuchando solo a los grupos intervinientes en la comisión fue objeto de las críticas del diputado socialista Rodrigo Sánchez Haro, que lo consideró un «espectáculo bochornoso y un escarnio público». De hecho, el grupo socialista anunció que va a presentar un escrito a la Mesa del Parlamento para que se adopten medidas por esta actuación del presidente de la comisión.