Caso ERE: A la espera de una sentencia blindada contra las filtraciones

Lo de menos es que este caso atípico de corrupción política a ninguno de los encausados se le haya juzgado por enriquecimiento ilícito y tampoco por financiación ilegal del PSOE, como el de la trama Gürtel hace año y medio. El fallo, sea el que sea, tiene visos de adquirir dimensión nacional y tocar a Pedro Sánchez, aunque este era un desconocido en política cuando ocurrieron los hechos, entre 2001 y 2009. La Junta concedió entonces 680 millones de euros en ayudas sociolaborales de las que se beneficiaron 6.096 prejubilados y a empresas en crisis. Hubo desmanes y posiblemente fraude por terceros, pero este aspecto no es lo que se ha juzgado. Hay otras más de 200 piezas abiertas sobre esto último.

El tribunal decidirá sobre si un procedimiento específico para conceder las ayudas a través de una agencia pública y, según la Fiscalía, saltándose controles de fiscalización previa y sin orden alguna, fue ilegal y de qué modo. También si, como apuntaron los jueces instructores de la causa y el PP, acusación particular, se hizo para favorecer clientelismo político y a empresas de personas vinculadas al PSOE. O si prevalecerá lo que argumentan la mayoría de las defensas, que el procedimiento era legal y si hubo desmanes se debió a su mal uso; o que no entendieron las advertencias de la Intervención como para tomar medidas, dado que no eran de alerta roja de pérdida de dinero.

En el banquillo de los acusados se sentaron el 13 de diciembre de 2017 hasta un año después, el tiempo que duró el juicio, dos expresidentes de la Junta, Manuel Chaves, para el que la Fiscalía pide diez años de inhabilitación por prevaricación; y José Antonio Griñán, para el que el mismo Ministerio Público pide seis años de cárcel por delito de malversación de fondos públicos y 30 de inhabilitación por prevaricación. A Magdalena Álvarez, exministra de Fomento con José Luis Rodríguez Zapatero, pero encausada como exconsejera de Economía y Hacienda, la petición es de diez años de inhabilitación, lo mismo para el que fuera uno de los 'número dos' del Gobierno andaluz con más poder, el exconsejero de Presidencia, Gaspar Zarrías.

La imagen impactó muchísimo y supuso un duro revés al PSOE, partido que entonces seguía gobernando en la Junta de Andalucía desde 1982. La sentencia que se conocerá a partir de las 12.00 horas de mañana cabe que desencadene un latigazo doloroso a la espina dorsal del socialismo andaluz si las penas son máximas, como espera el PP, acusación particular en todas las macrocausas de los ERE y ahora en la Presidencia de la Junta tras un pacto con Cs y Vox el pasado enero.

Pero no hay ninguna pista sobre lo que el tribunal, presidido por Juan Antonio Calle Peña y las magistradas Pilar Llorente y Encarnación Gómez Casellas, tienen escrito en los 1.700 folios de la sentencia. Lo que rueda en los círculos de letrados, jueces y periodistas son especulaciones, con tendencia a penas para todos y la mirada puesta en el Tribunal Supremo.

El tribunal sevillano guarda con sigilo sus decisiones deliberadas durante un año. Hasta tal punto han blindado el fallo para evitar filtraciones, que no han querido facilitar un adelanto al gabinete de Prensa del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). El propio tribunal elaborará un resumen de la sentencia para facilitar el trabajo del gabinete de prensa una vez que sea pública. El fallo no será leído en audiencia pública. Una providencia ha citado a los procuradores y acusados a conocer su contenido a las 12.000 de este martes. Se les entregará un 'pendrive' con la decisión de condenas sin las hay y sus argumentaciones, así como las absoluciones si las hay y las suyas. No está previsto que acudan los acusados dada la expectación mediática. Pueden ir a recoger la sentencia en otro momento.

Por ahora lo que se conoce es la petición del Ministerio Público, que pide 8 años de cárcel y 30 de inhabilitación por malversación y prevaricación para 11 encausados: José Antonio Viera y Antonio Fernández, exconsejeros de Empleo; Agustín Barberá, exconsejero de Empleo; Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez, exdirectores generales de Trabajo y Seguridad Social; Francisco Vallejo, exconsejero de Innovación y expresidente del IFA-IDEA; Jesús María Rodríguez Román, exviceconsejero de Innovación; Miguel Ángel Serrano, exdirector general de IFA-IDEA; Javier Aguado Hinojal, exsecretrio general de Trabajo y Empleo y Juan Francisco Sánchez, exsecretario general técnico de Empleo.

En el segundo grupo de encausados con peticiones de 6 años de cárcel y 30 de inhabilitación figuran, además del expresidente José Antonio Griñán, su viceconsejera de Hacienda y luego consejera del mismo área, Carmen Martínez Aguayo; Manuel Gómez, exinterventor general de la Junta; También está Jacinto Cañete, exdirector general del IFA-IDEA, al que el ministerio público rebajó la petición por malversación de 8 a 6 años; lo mismo que a Lourdes Medina, exsecretaria general técnica de Empleo.

La Fiscalía pide 10 años de inhabilitación a 16 acusados solo de prevaricación: Además del expresidente Manuel Chaves, en este grupo se incluyen Magdalena Álvarez, exconsejera de Hacienda; Gaspar Zarrías, exconsejero de Presidencia; José Salgueiro Carmona, exviceconsejero de Hacienda y consejero (solo por varios meses); Antonio Vicente Lozano, exdirector general de Presupuestos; Francisco del Río Muñoz, exjefe del Gabinete Jurídico de la Junta.

La Fiscalía retiró durante el juicio la petición de diez años de inhabilitación para Antonio Estepa, exsecretario general de Hacienda. El banquillo pasó de 22 a 21 encausados al finalizar el 17 de diciembre de 2018.