La UCO no encuentra tráfico de influencias en los correos del 'caso Aznalcóllar'

La UCO concluye del examen de los mails que «no detecta ninguna comunicación o documento que permita inferir la existencia de influencias sobre los miembros del Comité Técnico o de la mesa del Concurso para favorecer a una u otra empresa licitante».

La adjudicación de la mina fue ganada por el consorcio formado por el gigante mexicano Grupo México y la empresa andaluza Minorbis, de Magtel, propiedad de Mario Lopez Magadaleno. La otra firma que concurrió, el fondo de inversión canadiense Emerita Resources, emprendió un procedimiento penal por diversos cargos, que la jueza de instrucción nº 3, Patricia Fernández, decidió archivar, de acuerdo con la fiscalía y después de un gran revuelo político.

Sin embargo, Emerita recurrió y la sección séptima de la Audiencia de Sevilla, con la magistrada Mercedes Alaya como ponente, decidió reabrir el caso, asegurando que la Junta había cometido «ilegalidades severas y arbitrarias». Buscaba sobre todo la posibilidad de que la mesa técnica hubiera dado trato de favor a la empresa de López Magdaleno, para lo que reclamó copia de todos los correos electrónicos intercambiados al respecto por los altos funcionarios, entre ellos el entonces secretario general de Industria y hoy interventor general de la Junta, la entonces directora general de Minas y luego viceconsejera. También indagaba la sospecha de que la asociación entre Grupo México y Minorbis no hubiera sido tal.

El informe emitido por la UCO también descarta esta hipótesis y reconstruye la constitución de la firma, en la sociedad Minera Los Frailes, que será la que explote finalmente el yacimiento sevillano, así como los pagos realizados por ambas sociedades, los proveedores utilizados, etc.