¿Por qué ha sido condenada Carmen Martínez Aguayo?

El juez sostiene en la sentencia que Martínez Aguayo intervino en la elaboración de los presupuestos de los años 2005 a 2009. En todos ellos se incluyó en los anteproyectos de presupuestos el uso de la transferencia de financiación al IFA, dentro del programa 31L (elemento central de la trama), «a sabiendas» de que su finalidad era la concesión de subvenciones por parte de la Consejería de Empleo. Además, se recuerda en la sentencia que perteneció al Consejo Rector de IDEA, lo que le permitió tener conocimiento de la existencia del Convenio Marco de julio de 2001, en virtud del cual se suscribieron los convenios particulares, y que las transferencias de financiación al IFA-IDEA, era para el pago por ésta de las subvenciones concedidas por la Dirección General de Trabajo.

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Por ello, el juez confirma que se propició que las subvenciones sociolaborales fueran concedidas por la Consejería de Empleo al margen del presupuesto, imposibilitando así su fiscalización previa, lo que favoreció un descontrol absoluto; una información que Martínez Aguayo conocía, según la sentencia. «La encausada era plenamente consciente de la palmaria ilegalidad de los actos en los que participó, relatados en los hechos probados», insiste el juez, que argumenta que por ello la exconsejera asumió la eventualidad de que los fondos vinculados al programa 31L fueran objeto de disposición con fines ajenos al fin público al que estaban destinados.

Por todas estas razones Martínez Aguayo ha sido condenada a 6 años y 2 días de prisión, e inhabilitación absoluta por tiempo de 15 años y dos días por los delitos de malversación y prevaricación.