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Catalina García (Barcelona, 1969) lleva seis meses al frente de la Consejería de Medio Ambiente y Sostenibilidad después de gestionar la complicada cartera de sanidad en el Gobierno andaluz, un ámbito siempre en el epicentro de la batalla política. En su nueva área ambiental, considera ... que la salud es igualmente importante para el entorno y la calidad de vida en Andalucía y también exige actuar con urgencia ante los problemas más acuciantes como la sequía y el cambio climático.
- ¿Qué balance hace de estos primeros meses al frente de la Consejería, un cambio radical desde el mundo sanitario?
- Asumir la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente ha sido un reto emocionante y lleno de aprendizaje. Vengo de un mundo donde la vida humana está en el centro de cada decisión, y ahora trabajo para garantizar la salud de nuestro entorno, que es esencial para todos. Mi experiencia previa me ha enseñado que la responsabilidad y el compromiso no entienden de áreas, sino de personas y resultados. Una lección que ya aprendí en mis años de alcaldesa en mi pueblo, Jimena. Estos primeros meses han sido un viaje de descubrimientos, pero también de afirmación: la Junta de Andalucía está más comprometida que nunca con la sostenibilidad y agradezco, como siempre, que el presidente Juanma Moreno haya confiado en mí para un objetivo claro: preparar el presente para los cambios que puedan darse en el futuro por el clima, la falta de agua o el cuidado de nuestra biodiversidad.
- ¿Cuál es el diagnóstico del estado ambiental de Andalucía? ¿Goza de buena salud la comunidad?
- Andalucía tiene una riqueza natural extraordinaria, aunque también debe hacer frente a importantes retos. Nuestra comunidad cuenta con un patrimonio ambiental envidiable, desde el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche hasta el del Cabo de Gata-Níjar, pero también sufrimos los efectos del cambio climático y la presión sobre los recursos hídricos. Hemos avanzado mucho en protección y gestión sostenible, por eso no podemos bajar la guardia. La salud ambiental de Andalucía es un proceso continuo. La Junta de Andalucía está trabajando para garantizar que sigamos siendo un referente en sostenibilidad y conservación, y también en generación de oportunidades socioeconómicas vinculadas a un desarrollo responsable.
- ¿Cuáles son las grandes problemas prioritarios que hay que afrontar en materia ambiental?
-La gestión del agua es, sin duda, uno de los retos más urgentes. La sequía y el cambio climático están alterando los equilibrios que sostienen nuestros ecosistemas y economías rurales. También nos enfrentamos a la necesidad de compatibilizar desarrollo y conservación, algo que requiere decisiones valientes e innovadoras. Otro aspecto fundamental es la gestión de residuos y la transición hacia una economía circular. Sin olvidar la biodiversidad de Andalucía, que necesita una atención constante. Las debilidades existen; sin embargo, tenemos más fortalezas: un marco normativo en constante mejora, programas y presupuestos ambiciosos y, sobre todo, una ciudadanía cada vez más consciente y comprometida con el medio ambiente.
-¿Cómo valora la ejecución del acuerdo sobre Doñana frente a las críticas de ecologistas por su lentitud y de agricultores por la tardanza en las ayudas?
- Doñana es un símbolo, y cualquier decisión que le afecte genera grandes debates. Desde la Junta de Andalucía hemos trabajado con rigor y responsabilidad, con la complejidad que requiere equilibrar intereses tan diversos. El acuerdo alcanzado con el Gobierno de España, valorado en más de 1.400 millones de euros, de los que la Junta aporta 728 millones, es un ejemplo de colaboración institucional ambiciosa. Las ayudas, cuya puesta en marcha ya ha sido anunciada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, son fundamentales para los agricultores, y continuamos trabajando para que los beneficios lleguen a todos los sectores implicados. Este acuerdo, sin duda, refuerza la protección de Doñana y subraya el compromiso compartido por un futuro sostenible. Quiero recordar que, recientemente, hemos concedido subvenciones destinadas a municipios situados en áreas de influencia socioeconómica de los Parques Nacionales de Andalucía a cuatro localidades del área de Doñana, como son Almonte, Aznalcázar, Hinojos y La Puebla del Río, por valor de 4,4 millones de euros. Es fundamental que las áreas rurales enmarcadas en zonas protegidas puedan tener las mismas oportunidades que el resto.
Problemas prioritarios
-Doñana es todo un icono y un enclave de referencia para tomar el pulso del estado ambiental andaluz, ¿cómo ve la situación en este espacio natural, sobre todo en materia hídrica?
- La situación hídrica en Doñana es, sin duda, preocupante. La sequía y la sobreexplotación de recursos hídricos durante décadas, tal y como reconoció la nueva ministra para la Transición Ecológica en San Telmo, han puesto a prueba la resiliencia de este enclave único. Sin embargo, no podemos quedarnos en el diagnóstico; estamos actuando. Dentro del acuerdo alcanzado con el Gobierno de España, se incluyen medidas específicas para restaurar los acuíferos y mejorar la gestión hídrica. Quiero destacar que la Conferencia Hidrográfica del Guadalquivir, responsable de la gestión de cerca del 90% del agua del entorno de Doñana, está haciendo un trabajo minucioso en la localización de pozos ilegales. Este esfuerzo conjunto es una muestra del trabajo coordinado y ambicioso que se está llevando a cabo. Por nuestra parte, la Junta está trabajando para hacer más resiliente a Doñana ante la falta de agua con la adquisición de la finca Veta la Palma, por más de 72 millones de euros, que garantiza una superficie inundada de más de 3.600 hectáreas para las aves que transitan por este espacio natural. Sabemos que Doñana es un patrimonio mundial, y por ello estamos asumiendo nuestra responsabilidad con seriedad y compromiso. No hay fórmulas mágicas, pero sí voluntad firme de cambiar el rumbo.
-El entendimiento y al acuerdo con el Gobierno central han sido clave para el acuerdo en Doñana, ¿lo ve extensible a otras áreas en medio de tanta crispación y confrontación?
- La colaboración entre administraciones es fundamental para abordar los grandes retos medioambientales y sociales que enfrentamos. El acuerdo sobre Doñana es un ejemplo claro de que, cuando las instituciones trabajan juntas con voluntad política y objetivos comunes, se pueden alcanzar resultados beneficiosos para todos. Este modelo de diálogo y cooperación es marca de la casa del Gobierno de Juanma Moreno y, por supuesto, es aplicable a otras áreas, como la educación, la sanidad o el empleo. Andalucía ha demostrado que puede liderar iniciativas que sirven de ejemplo a nivel nacional.
- La lucha contra el cambio climático es uno de los grandes retos, ¿qué acciones se están tomando y qué planes tiene en cartera?
- La Junta de Andalucía está desarrollando un enfoque integral para combatir el cambio climático, que incluye proyectos innovadores y apoyo a las entidades locales. Destacan los Planes Municipales contra el Cambio Climático, elaborados por la Junta de Andalucía y ofrecidos a 756 municipios, cubriendo más del 96% de la comunidad autónoma y fortaleciendo la resiliencia local frente a los retos climáticos. Además, se han puesto en marcha subvenciones para infraestructuras verdes y soluciones basadas en la naturaleza en áreas urbanas y rurales, con un presupuesto inicial de 3 millones de euros. También lideramos el Catálogo Andaluz de Proyectos de Absorción de Emisiones, con 27 iniciativas que abarcan 2.396 hectáreas y proyectos de carbono azul en áreas costeras.
Estas acciones se complementan, por ejemplo, con medidas como la adquisición de vehículos sostenibles para la recogida de biorresiduos, financiados con una línea de ayudas de 10 millones de euros. Todo esto se enmarca en el Plan Andaluz de Acción por el Clima, con el que se han movilizado más de 2.600 millones para 231 acciones. Este Plan guía nuestros esfuerzos hacia una economía circular, la reducción de emisiones y la adaptación climática. Andalucía sigue marcando el camino con un modelo colaborativo y sostenible, donde administraciones, empresas y sociedad trabajan juntos por un futuro más verde. Algo que incluso Europa nos reconoce en los foros internacionales en los que participamos. Ya hoy, muchas regiones situadas más al norte de Europa miran hacia Andalucía para observar las medidas puestas en marcha frente al cambio climático.
-En esa lucha climática, el compromiso social es clave ¿cómo lo ve en el mundo empresarial y en resto de la sociedad?
- Las empresas están demostrando un creciente compromiso con la sostenibilidad, entendiendo que no es solo una obligación ética, sino también una oportunidad competitiva. Desde la Junta de Andalucía, fomentamos la colaboración público-privada para avanzar en este camino. La Ley de Economía Circular, por ejemplo, ofrece incentivos claros para aquellas empresas que integran criterios sostenibles en su modelo de negocio. Además, instrumentos como el Sistema Andaluz de Compensación de Emisiones, el Kit Sostenible o el sello 'Carbono Zero' ayudan a las empresas a medir y reducir su impacto ambiental.
La Revolución Verde que impulsa Andalucía subraya la importancia de esta alianza. Las empresas tienen un papel vital en la transición hacia un modelo más sostenible, y nosotros estamos aquí para apoyarlas con menos burocracia, más seguridad jurídica y herramientas innovadoras.
Nueva norma
-Andalucía cuenta con un patrimonio natural único, ¿está suficientemente protegido y conservado? ¿Se puede incrementar el nivel y zonas de protección y tendremos más espacios protegidos o parque nacionales en el futuro?
-Andalucía es una de las regiones más ricas en biodiversidad de Europa, y proteger este patrimonio es una prioridad para nosotros. Actualmente, más del 30% del territorio andaluz está protegido bajo diferentes figuras, desde parques naturales hasta parques nacionales, como el último declarado en la Sierra de la Nieves. Este compromiso lo hemos venido reforzando en los últimos meses con la declaración de Zonas de Especial Conservación (ZEC), en entornos naturales de Huelva y Almería, siguiendo la normativa europea y asegurando que los ecosistemas claves estén protegidos y gestionados de manera sostenible. Además, antes hacía referencia a los programas de subvenciones para las áreas de influencia socioeconómica de los parques nacionales, valoradas en casi un millón de euros para Doñana, Sierra Nevada y Sierra de las Nieves, que recibe estas ayudas por primera vez como Parque Nacional, con el objetivo de compatibilizar la protección ambiental con el desarrollo de las áreas rurales. Estas ayudas respaldan proyectos que mejoran la calidad de vida de la población local al tiempo que preservan los espacios naturales.
En cuanto a nuevos parques nacionales, la reciente declaración de Sierra de las Nieves como parque nacional demuestra nuestro compromiso con la conservación. Seguiremos trabajando para identificar áreas que merezcan esta distinción, siempre en diálogo con los municipios y, siempre, con la voz de los expertos.
-¿Qué balance y beneficios ha aportado la declaración como parque nacional de Sierra de las Nieves?
- La declaración de Sierra de las Nieves como parque nacional ha sido un hito histórico para Andalucía. Este reconocimiento refuerza la protección de su extraordinaria biodiversidad e impulsa el desarrollo socioeconómico de los municipios del entorno. Desde su declaración, hemos visto un aumento significativo en el turismo sostenible de la zona, lo que ha generado nuevas oportunidades de empleo y ha dinamizado sectores como la hostelería, el comercio local y las actividades ecoturísticas. Igualmente, estamos dotándolo de nuevas infraestructuras, como el Centro de Visitantes en el paraje de Conejeras, en Parauta, y estamos avanzando en el nombramiento del equipo de gestión del Espacio Natural. Como saben, recientemente hemos designado como director y conservador del Parque Nacional Sierra de las Nieves a Rafael Haro Ramos y Adriano Vázquez Mora, respectivamente. Dos personas que conocen a la perfección el terreno y que sabrán velar por su conservación.
-La despoblación avanza en el mundo rural, ¿es una amenaza para muchos de estos espacios naturales?
- La despoblación representa un desafío significativo, especialmente en las zonas rurales que albergan espacios naturales protegidos. Desde la Junta de Andalucía trabajamos intensamente para revertir esta tendencia. Un ejemplo de ello son las ayudas a municipios, como las subvenciones destinadas a la economía circular, la gestión forestal sostenible y el impulso de infraestructuras que fomenten el empleo local. Asimismo, iniciativas como la Marca Parque Natural Andalucía están diseñadas para apoyar productos locales, fortaleciendo la economía de estas zonas y poniendo en valor su conexión con el entorno natural.
Sabemos que la mejor forma de proteger nuestros espacios naturales es asegurando que quienes los habitan tengan oportunidades de desarrollo. Por eso, apostamos por proyectos que generen empleo, como la mejora de infraestructuras verdes y las inversiones en turismo sostenible, garantizando que la conservación y el desarrollo socioeconómico vayan de la mano.
-Los resultados del programa sobre el lince ibérico representan un indicativo de éxito, ¿cómo valora los planes de conservación de nuestra biodiversidad?
- Efectivamente, los planes de conservación de biodiversidad en Andalucía son un ejemplo de compromiso y éxito. El programa de conservación del lince ibérico ha permitido que la especie pase de estar en peligro crítico de extinción a catalogarse como especie vulnerable por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Este cambio refleja el esfuerzo conjunto de administraciones, entidades científicas, el proyecto Life Lynxconnect municipios, propietarios y los propios cazadores. Recientemente, el establecimiento de una nueva área de presencia en Sierra María, Almería, y los nacimientos registrados en Sierra Arana, Granada, consolidan el avance en la expansión y sostenibilidad de las poblaciones de lince en nuestra tierra. Además del lince ibérico, se están desarrollando proyectos emblemáticos como la recuperación del quebrantahuesos en Sierra de Cazorla y la conservación de la cerceta pardilla, la especie de pato más amenazada de Europa. También se está actuando para la restauración de hábitats clave del conejo de monte, base alimenticia del lince. Todas estas iniciativas están enmarcadas en la Estrategia Andaluza de Biodiversidad Horizonte 2030, que busca una gestión sostenible y participativa de la biodiversidad y sus hábitats, fomentando la corresponsabilidad ciudadana y la integración de políticas de conservación con desarrollo sostenible.
- ¿Hasta qué punto desarrollo y conservación conforman un binomio compatible, hay que poner límites?
- El desarrollo y la conservación deben ir de la mano, y en Andalucía trabajamos para garantizar que ambos objetivos se logren de forma equilibrada. Ya se están empleando medidas para reducir los atropellos en los puntos donde hay más riesgo. De hecho, Andalucía ha sido pionera en la instalación de un dispositivo único para evitar atropellos de animales: el sistema de prevención de atropellos denominado AVC-PS (Prevention of Animal-Vehicle Collisions). Éste se compone de un conjunto de sensores infrarrojo y una cámara térmica que registra la presencia del animal que, al acercarse, activa una señal de alerta para los conductores, invitándolos a frenar a una velocidad aceptable. Simultáneamente, un sensor de radar mide si el coche se ralentiza. Si lo hace, el sistema deja de actuar. De lo contrario, el radar envía una señal a la unidad de control y activa un dispositivo acústico con el objetivo de ahuyentar los animales. La conservación de especies emblemáticas, como el lince ibérico, está directamente relacionada con la planificación responsable de infraestructuras. Es fundamental que los límites se definan con base en evidencia científica y en un diálogo constructivo con todos los sectores implicados, garantizando siempre la protección de nuestra biodiversidad.
-¿Qué supondrá y qué novedades incluirá la futura Ley sobre Gestión Ambiental en la que trabaja su departamento?
- La futura Ley para la Gestión Ambiental de Andalucía modernizará los procesos administrativos en materia ambiental para hacerlos más ágiles y eficaces, adoptando medidas como el impulso a la administración electrónica, el refuerzo del papel de las entidades colaboradoras en materia de calidad ambiental o potenciando la coordinación y colaboración entre administraciones a la hora de la emisión de informes en los procedimientos ambientales. Entre sus principales novedades, se encuentra la sustitución de la calificación ambiental por una licencia de competencia municipal, cuyo plazo de resolución será de tres meses. Asimismo, se reducirá el tiempo de tramitación de las autorizaciones ambientales unificadas de ocho a seis meses, y se fomentará el uso de declaraciones responsables para determinadas actividades económicas.
También reforzará la transparencia y la participación ciudadana mediante la creación de un registro de personas interesadas en los procesos ambientales. Además, se introducirán medidas específicas para prevenir la contaminación atmosférica, acústica y lumínica, alineando la normativa autonómica con los estándares europeos. Esta ley demuestra que el medio ambiente no es un obstáculo, sino una oportunidad para avanzar hacia un modelo de desarrollo equilibrado y sostenible, donde la protección de los recursos naturales y el crecimiento económico sean compatibles.
-¿Cuáles son los proyectos prioritarios para culminar en lo que queda de legislatura?
- El principal objetivo de esta legislatura es llevar al Parlamento andaluz las tres leyes clave en tramitación: la Ley de Agentes de Medio Ambiente, la Ley para la Gestión Ambiental de Andalucía y la nueva Ley de Montes de Andalucía. Estas normativas modernizarán el marco andaluz en materia de sostenibilidad y medio ambiente, adaptándolo a los retos actuales. Además, seguiremos apoyando a los municipios, especialmente a los situados en zonas protegidas, para que sean protagonistas en la lucha contra el cambio climático. Promoveremos su desarrollo socioeconómico mediante políticas que equilibren la protección ambiental con el progreso. Queremos dejar un legado de acción y compromiso, asegurando que nuestra región sea más resiliente, próspera y preparada para los desafíos medioambientales y sociales.
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