Antonio Fernández, de consejero a beneficiario de su propio ERE
Ha sido el único consejero de los gobiernos socialistas acusados en la pieza política que pisó una prisión
josé luis piedra
Martes, 19 de noviembre 2019, 13:21
Antonio Fernández (Cádiz, 1956) ha sido el único consejero de los gobiernos socialistas acusados en la pieza política que pisó una prisión. Como viceconsejero y ... presidente del IFA primero y consejero de Empleo (2004-2009), ocupa uno de los lugares destacados en este caso y fue uno de los responsables de la aprobación del convenio de 2001 que abrió la puerta a la concesión de las ayudas sociolaborales a través de un sistema más flexible y ágil pero a la vez más alejado de los necesarios controles de una Administración, lo que a la postre ha sido la piedra angular de toda la trama. Con él como viceconsejero de Empleo y presidente del antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) se articuló el convenio que permitía la adjudicación de estas ayudas con más celeridad.
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Tras un maratoniano interrogatorio nocturno al que le sometió la jueza Alaya hasta altas horas de la madrugada, esta le envió a prisión preventiva en abril de 2012, siguiendo así los pasos de su exdirector general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, los dos únicos dirigentes políticos que ya saben lo que es pisar la cárcel antes de la sentencia de este caso. Fernández estuvo casi cuatro meses en prisión y salió en libertad tras reunir 450.000 euros para poder pagar su fianza, que asegura que reunió con la ayuda de familiares y amigos en los momentos más duros de su carrera. El fiscal le acusaba de los delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y tráfico de influencias,a 8 años de cárcel y 30 de inhabilitación.
En el juicio siempre aseguró desconocer las irregularidades y descargó toda la responsabilidad en los funcionarios y en el exdirector general, aunque reconoció que las ayudas eran conocidas por todos y que no existía ninguna norma o criterio para su concesión por la diversidad y tipologías de las situaciones en las empresas beneficiarias.
Jerezano y abogado, profesión a la que ha tenido que volver tras su imputación en este caso, era presidente del Consejo Regulador de los Vinos de Jerez cuando estalló el caso, lo que le obligó a renunciar al puesto sin las mieles del mismo. Fue profesor en las universidades de Cádiz y Sevilla, así como trabajó como letrado para CC OO y UGT. De carácter afable y tranquilo, uno de los capítulos más llamativos fue su inclusión en uno de los ERES que su propia Consejería autorizaba, el de la empresa bodeguera de su Jerez natal González Byass, donde trabajó en su juventud. Era ya solo parlamentario en la Cámara andaluza cuando se conoció este ayuda. La polémica levantada le obligó a renunciar a la prejubilación que le hubiera correspondido.
Antonio Fernández ha sido condenado a 7 años, 11 meses y un día de prisión, e inhabilitación absoluta por tiempo de 19 años, 6 meses y un día
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