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Los retrasos y listas de espera para acogerse al sistema de la dependencia para personas mayores, con discapacidad y enfermedades que requieren de apoyo ... sociosanitario van menguando en los últimos años y desde 2018 se ha reducido un 45% el volumen de personas que aguardaban esta prestación. Según los datos facilitados a SUR por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, en estos últimos cuatro años y medio se ha logrado una cifra récord y sin precedentes con más de 273.000 personas beneficiarias y 395.000 prestaciones actualmente, lo que supone haber incorporado al sistema a 60.700 beneficiarios más desde 2018.
Andalucía se convierte así en la comunidad autónoma donde más ha descendido la lista de espera para recibir prestaciones desde 2018 con 34.107 personas menos, lo que representa un descenso del 45% desde 2019. Además, los tiempos de espera desde la solicitud hasta la resolución final se han reducido en 190 días.
Este año el sistema de dependencia de Andalucía sumará 6.000 personas beneficiarias más, lo que supondrá alcanzar la cifra récord de 276.000, mientras que las prestaciones llegarán al dato histórico de más de 400.000.
El departamento que dirige Loles López resalta que en Andalucía nunca antes se había invertido tanto en dependencia, con un incremento de 191,51 millones de euros respecto al ejercicio anterior, hasta alcanzar los 1.760 millones de euros previstos para 2023, lo que supone 573,7 millones más con un aumento del 48,3%. Pese a este esfuerzo, desde la Consejería de Inclusión Social se reconoce que queda aún mucho por hacer y por ello reclaman al Gobierno central una mejor financiación y más recursos para avanzar a mayor velocidad en esta materia, lamentando que desde las arcas autónomas tengan que sufragar el 63% del coste de la dependencia cundo al Ejecutivo nacional le corresponde asumir un 50%.
Pese a los avances en la gestión de la dependencia por parte de la Junta en los últimos años, el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, sigue mostrándose crítico con la tramitación de este apoyo fundamental para estas personas y denunció las dilaciones que se registran en el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia, que «en 2022 sigue superando los dos años, más de un año para la valoración y otro más para el disfrute de la prestación reconocida y que algunas incluso lleguen a los tres años», precisó. Según Jesús Maeztu, «la propia Consejería nos ha reconocido que la tardanza en la aprobación de los Programas Individuales de Atención (PIAS) es generalizada en la mayoría de los expedientes, salvo urgencias sociales, debido a que existe un gran número de expedientes en esta fase, los cuales no pueden ser resueltos en plazo debido a la falta de disponibilidad presupuestaria y de personal». El Defensor puso de relieve que esta situación se produce con mayor gravedad en las provincias de Sevilla y Málaga, seguidas por Cádiz y Granada. «Los plazos se desbocan y enquistan, todavía más, en aquellas zonas o comarcas que tienen menos personal de servicios sociales comunitarios», alertó.
Sin mejora «apreciable»
Jesús Maeztu lamentó que «ni el Plan de Choque realizado, ni las consiguientes medidas aplicadas para agilizar el procedimiento han revelado una mejora apreciable en los tiempos de respuesta» y añadió que «no hay que olvidar la obligatoriedad de cumplir con estos derechos, que son subjetivos». El Defensor del Pueblo Andaluz puso el acento en el elevado volumen de solicitudes de valoración de la situación de dependencia que en la inmensa mayoría son mayores y además de edades muy elevadas, octogenarias y nonagenarias, resultando abundantes las valoraciones del grado tres o de mayor necesidad asistencial por su deterioro, por lo que la perentoriedad de la prestación y la agilidad en su concesión son fundamentales.
Mientras tanto, el Gobierno andaluz sigue trabajando para mitigar las listas de espera y ha autorizado recientemente, por un importe que supera los 802 millones, el expediente de gasto derivado de la prórroga de los compromisos de oferta de plazas, así como de la revisión de los costes máximos de las plazas del 4,5% y de la aprobación de una nueva oferta de 1.500 plazas concertadas, vinculados al expediente del concierto social de servicios de atención residencial para personas mayores en situación de dependencia.
Con esta medida, el Gobierno andaluz garantiza la financiación hasta 2026 de un total de 21.310 plazas públicas en Andalucía, ya que a las 19.810 ya existentes por concierto social, concesiones y plazas públicas, hay que suma otras 1.500 nuevas y el correspondiente incremento del coste.
La aprobación de esta autorización de gasto que supera los 800 millones refleja, según la Consejería, la apuesta del Ejecutivo autonómico por mejorar el sistema andaluz de dependencia y ampliar la oferta pública de unas plazas destinadas a una población especialmente vulnerable de la Comunidad. La medida contempla la financiación necesaria para garantizar en los próximos años, tanto el incremento de plazas para personas mayores en situación de dependencia, así como la subida de los precios/plaza, lo que supone un respaldo al sector con un aumento de la oferta pública de plazas para personas en situación de dependencia.
De esta forma, este año aumentarán en 1.970 las plazas para los servicios de atención residencial, centro de día y centro de noche para personas mayores y personas con discapacidad. Esta mejora supondrá un importe global hasta el ejercicio de 2027 de 91,8 millones, más de 84,3 millones en el servicio de atención residencial y más de siete millones en el de centro de día. De las nuevas plazas, 1.500 corresponderán al servicio de atención residencial de personas mayores; 300 para la atención residencial de personas con discapacidad y 140 para el servicio de centro de día de personas con discapacidad.
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